La Audiencia absuelve al guardia civil José Manuel González y a la también acusada Cristina dos Santos liberándolos de los delitos de tráfico de drogas imputados. Sin embargo condena a los otros cuatro acusados: a Juan Antonio Reyes y a José Albino Blanco le impone 3,6 años de cárcel y multa de 7.000 euros; a Adrián Guerra se le condena a dos años de prisión y a pagar una multa de 5.400 euros y a Jonathan Fernández se le imponen dos años de privación de libertad. Entre los cuatro deberán abonar las cuatro sextas partes de las costas.

La Sala, en su sentencia, deducirá testimonio del testigo Jesús Valle para comprobar la posible comisión de un delito de falso testimonio en causa criminal. La sentencia no es firme y permite recurso de casación ante el Supremo.

Se da por probado que Reyes vendía cocaína en Verín desde el verano del 2010 hasta febrero del 2011, cuando fue detenido. También se afirma que José Albino y Adrián Guerra, compraban droga a Reyes y a su vez se la vendían a terceros, siendo uno de ellos Jonathan Fernández, el cual a la vez vendía parte de la droga que le proporcionaban Albino y Adrián.

Se da por demostrado asimismo el registro en la habitación de Juan Antonio Reyes y en la casa de Albino. La sustancia intervenida a Reyes tenía un valor de mercado de 5.029,11 euros.

Falta de pruebas

La Sala considera que no se acredita que el guardia José Manuel facilitase o amparase la venta por parte de otras personas. Ni que Cristina dos Santos hiciese venta alguna de sustancia tóxica.

La sentencia de la Audiencia considera que la investigación policial fue legal, incluyendo las escuchas telefónicas «basadas en sólidos indicios objetivos de aparente desarrollo de actividades de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes». Por eso asegura que los oficios policiales muestran «una información verosímil» apoyada en numerosos seguimientos hechos a los acusados.

Juan Antonio Reyes reconoció ser autor de los hechos y Adrián también reconoció haber vendido droga, conformándose este con la pena señalada por el fiscal. El testigo Jesús del Valle se enfrenta ahora a la apertura de deducción de testimonio porque la Audiencia considera que la declaración que hizo en el plenario es «mendaz».