El respeto a este monumento y el deseo de preservarlo hizo que en el año 2004 se suscitase un inusual enfrentamiento entre distintas administraciones. La Confederación Hidrográfica y la Xunta de Galicia. El organismo promovió la construcción de un aliviadero como parte de las actuaciones que afectan al río Miño. Al estar dentro del perímetro de protección, desde la Xunta de Galicia, por indicación de Patrimonio, se ordenó paralizar las obras, que efectivamente se frenaron en tanto no se alcanzó un acuerdo. Gobernaba en la Xunta el PP cuando se abrió el expediente sancionador, pero, a la vista de las alegaciones de la Hidrográfica, se optó por una solución intermedia de consenso, sin derribar la construcción, con una reducción del volumen. La necesidad y el carácter público de la obra justificó la permisividad.