La Xunta no parece dispuesta a continuar con las obras del edificio judicial a cualquier precio. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha pedido al alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, un nuevo compromiso formal del Concello para seguir. Si para formalizar la adjudicación en firme de las obras fue preciso que tomase la administración local un acuerdo en el que aceptaba toda responsabilidad ante eventuales conflictos con terceros, la Xunta ha planteado nuevas exigencias para seguir.

Quiere el gobierno gallego un «compromiso expreso de asunción das responsabilidades que hipotéticamente (e respecto do contratista) se pudiesen derivar da sentenza recentemente dictada», que anula el procedimiento de expropiación forzosa seguido por el Concello.

El conselleiro alude en su escrito al alcalde a la «decidida vontade de la Xunta para construir este edificio y llama la atención sobre el hecho mismo de que «a pesares das múltiples vicisitudes xudiciais relacionadas coa execución desta obra, os traballos de construcción xa teñen comezado».

A pesar de la «cooperación e mutua lealtade» que el conselleiro aprecia que se está produciendo en este polémico asunto, reclama un nuevo compromiso municipal «co obxectivo de asegurar coas debidas garantías a a continuación das obras e non interrupción das mesmas».

En el escrito dirigido al regidor local no hace el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza referencia alguna a la posibilidad de que las obras vayan a ser paralizadas de una manera efectiva, como pudiera preverse como consecuencia de la anulación judicial de la expropiación del suelo en el que se interviene, por lo que se está trabajando en un terreno ajeno.