El resultado de los análisis de las muestras recogidas en la fosa con residuos tóxicos localizada junto a una empresa dedicada a la fabricación de lacas, pinturas y barnices de San Cibrao será clave para delimitar las responsabilidades civiles o penales que puedan tener que afrontar los responsables de la empresa. De momento, la Fiscalía de Ourense ya ha abierto diligencias de investigación penal.
Ayer mismo fuentes de la investigación calificaban lo ocurrido como «un asalto muy grave contra el medio ambiente» y adelantaban que existe un alto riesgo de que los residuos, que estaban enterrados a varios metros de profundidad, hayan causado un grave impacto ambiental. Si finalmente se confirma esa consecuencia y se descubre que está afectada la capa freática y ha habido vertidos, los responsables de Industrias Químicas Gallegas podrían ser acusados de un delito contra el medio ambiente, que prevé graves multas y penas de prisión.
Estas mismas fuentes precisaron que el enterramiento de residuos, mucho más si son tóxicos, es una práctica ilegal. Los restos de este tipo deben ser tratados en base a un plan de gestión y traslados a espacios autorizados para su tratamiento.
Sobre las muestras de agua recogidas por técnicos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en el enterramiento, aún no hay resultados. Así lo confirmaron ayer fuentes de la propia confederación, que no quisieron entrar en otras explicaciones sobre este grave incidente.
Mezclados con agua y tierra
Los residuos, como ya informó ayer La Voz, se localizaron el pasado 9 de enero tras recibirse en la Guardia Civil la denuncia de un particular que alertaba sobre las dudosas prácticas de la empresa. Fue necesario excavar varios metros para localizarlos y entre ellos se encontraron botes de pintura que vertían su contenido al exterior, barnices y otros restos contaminantes que estaban mezclados con la tierra y el agua. Este hallazgo fue calificado ayer por los grupos ecologistas como «una bomba tóxica» que evidencia la falta de respeto por el medio ambiente y el desconocimiento sobre las graves consecuencias que pueden tener este tipo de acciones. También criticaron la falta de control. «Ese control debería ser máis exhaustivo no entorno dos polígonos industriais e empresas potencialmente xeradoras deste tipo de sustancias».
Amigos da Terra exige que se aplique la ley que promueve el principio de «quien contamina, paga» y solicita leyes más restrictivas. Además, dicen que se personarán en la denuncia y que solicitarán una investigación en profundidad en todo el sector industrial.
