El acuerdo plenario tomado el día 8 de octubre del año 2007 en el Concello de Maceda para anular la concesión del hotel del castillo de la localidad fue contrario a derecho. Así aparece reflejado en una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número uno de la capital ourensana. El fallo deja sin validez una decisión del Ayuntamiento que provocó el encierro voluntario en el monumento de la madre del administrador, Xosé Inacio Palomanes, durante dos meses hasta que fue desalojada.

La sentencia entiende que las resoluciones del Concello macedao fueron contrarias a derecho porque no se dio traslado al concesionario del castillo de los incumplimientos alegados por el gobierno local para retirarle la gestión del hotel. Concretamente, el alcalde, el nacionalista Xavier Oviedo, lo había acusado de llevar las instalaciones como una «mansión privada» y de no cumplir con los horarios y las contrataciones de personal comprometidas.

La magistrada que ha juzgado este asunto cree que esos incumplimientos debían haber sido comunicados al administrador y obliga al Concello a retrotraer sus actuaciones a fecha de 21 de septiembre del año 2007. El Ayuntamiento de Maceda deberá, por tanto, informar al concesionario de las supuestas violaciones del contrato y, después, concederle audiencia por el plazo de veinte días «para que manifieste cuanto considere oportuno», dice la sentencia. Solo después de cumplidos esos trámites el pleno macedao podría tomar la resolución que corresponda.

Sin indemnizaciones

El administrador del castillo de Maceda había solicitado una indemnización económica sin cuantificar en concepto de daños y perjuicios por los beneficios que dejó de percibir desde la anulación de la concesión aprobada en octubre del año 2007 hasta la recuperación efectiva de la concesión. Sin embargo, la jueza encargada del caso no ha aceptado sus pretensiones.

«No habiéndose probado por el recurrente el efectivo y real daño producido, ni su individualización ni evaluación económica no procedería dicha indemnización», dice la sentencia. La magistrada tampoco hace expresa imposición de costas al considerar que ninguna de las partes en conflicto ha demostrado «male fe ni temeridad», concluye el fallo judicial.

Contra la resolución dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de la capital ourensana cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días, un límite temporal que aún no se ha consumido, por lo que ambas partes podrían aún demorar la resolución de este litigio.