La sentencia del Juzgado de lo contencioso de Ourense es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Galicia. No es firme, pues, por lo que sobre el papel puede la Xunta continuar con sus planes. Por razones de prudencia parece, no obstante, previsible que se produzca una nueva paralización, al ser difícil de explicar a la opinión pública que la administración continúe unas obras ignorando el contenido de una sentencia en contra, cuando, además, no es la única que afecta a esta actuación. Las eventuales reclamaciones del arquitecto Luis Collarte, a quien la justicia dio la razón en otra reclamación sobre el fallo del concurso de ideas para la elección del proyecto, en contra de la Xunta, también generan una sensible sombra de duda.

Para el Concello es la segunda sentencia contraria sobre la expropiación. La primera obligó a la Concellería de Urbanismo a corregir un error la tramitación; la segunda suspende la expropiación por la nulidad del PXOM. En ningún caso llegaron a entrar los jueces en el fondo del asunto.

La Xunta, sea como fuere, ha mantenido sus planes para iniciar las obras, aunque, en la práctica, no han pasado del movimiento de tierras, pese a que el Concello de Ourense tomó un acuerdo formal para asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar de resoluciones judiciales contrarias a la posición de la administración.

Adjudicadas las obras el pasado mes de septiembre a una UTE formada por Copasa y Agrupconsa, con una oferta de 16,2 millones de euros, una eventual reclamación de responsabilidad por parte de las constructoras acabaría castigando las arcas municipales.