Aplazan el juicio en la D. O. Valdeorras porque deberá encargarse la Audiencia

Marta Vázquez Fernández
m. vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE

El expresidente está acusado de denunciar en falso al secretario del organismo y provocar su despido

25 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

Acusado, denunciante, testigos, peritos y abogados estaban citados ayer para un juicio que iba a celebrarse en el juzgado de lo penal, pero finalmente el tribunal encargado de ver el caso contra el expresidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, Maximino Losada, será la Audiencia provincial. Así lo hizo ver ayer a las partes el representante de la Fiscalía de Ourense, quien solicitó la suspensión de la vista debido a la incompetencia del tribunal.

El hecho de que las dos acusaciones particulares imputen al denunciado un delito de fraude procesal, que está castigado con penas de prisión de entre 1 y 6 años, hace que sea la Audiencia quien tenga las competencias para juzgar un asunto que se remonta al 2003 y que, tras el último incidente, aún no tiene fecha de juicio. Los hechos por los que Losada Arias podría ser condenado tienen su origen en la denuncia, falsa según las acusaciones, que el entonces máximo responsable del consejo valdeorrés presentó contra el secretario del mismo organismo.

De acuerdo con el relato de los hechos de la Fiscalía, el acusado «imputó de modo falaz a Felipe Clemente la comisión de sendos delitos de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil». El acusado aseveraba que el secretario había falsificado su firma con la intención de incrementar de forma indirecta su salario.

Además, le atribuía haber falsificado su rúbrica en una orden de transferencia bancaria para el abono de las nóminas de un mes de varios trabajadores del consejo, entre los que se hallaba el propio afectado. También lo acusaba de haber aprobado sin autorización sus gastos de desplazamiento y dietas.

Aquella denuncia fue archivada años después por el juzgado de O Barco, quien incoó al mismo tiempo otra en contra del denunciante, que pasó así a ser él el imputado. Según el fiscal su único interés era el de perjudicar laboral, social y personalmente al denunciado para así despedirlo. Considera los hechos un delito de denuncia falsa por el que reclama dos años de cárcel.

66.000 euros

El abogado del Estado va más allá. Explica en su escrito que tras presentar la denuncia, Losada despidió al secretario y este a su vez recurrió la decisión, iniciándose así un procedimiento laboral que acabó por generar al Estado 66.000 euros de gastos. Son los que ahora reclama esta parte tanto al imputado como al consejo regulador valdeorrés.