Las cinco personas, tres hombres y dos mujeres, que ahora mismo viven en el piso de acogida que el Comité Cidadán Anti Sida de Ourense tiene en la capital para los enfermos sin recursos que no disponen de otra alternativa, podrían quedarse en la calle si la reclamación judicial iniciada por el Obispado prospera.

La Vicaría para Asuntos Económicos reclama el alquiler de varios años al colectivo social, mientras que los responsables del Comité Anti Sida aseguran que el compromiso asumido, y renovado con los sucesivos obispos ourensanos, establecía que la entidad asistencial estaba exenta de ese alquiler, aunque asumiría como contraprestación al uso del inmueble el pago del IBI correspondiente al piso y los gastos de la comunidad. En el primer caso, algo más de trescientos euros -de los que únicamente está pendiente el recibo del último año-, y otros 130 euros al mes por los gastos de comunidad que, según los datos del Comité, están satisfechos hasta finales del 2011.

«É certo que houbo un momento que polos retrasos en recibir as subvencións da Xunta acumulamos varios meses, pero en canto recibimos os cartos fixemos un ingreso de máis de dous mil euros para saldar todo o que tiñamos pendiente», explica Agustín González, responsable de la entidad asistencial.

Recortes de subvenciones

Los problemas de financiación del Comité por recortes en las subvenciones de la Xunta y la tardanza en liquidarlas han sido una reclamación constante en los dos últimos años, tanto por parte del propio Comité, como a través de propuestas de grupos políticos a nivel municipal y en el parlamento de Galicia. En diciembre del 2010 la deuda de subvenciones atrasadas superaba los 34.000 euros, lo que sumado al recorte -se pasó de 160.000 a 95.000- provocó que en junio de ese mismo año la entidad tuviese completamente vacías sus arcas.

En estos momentos la plantilla que todavía queda trabajando para los distintos servicios que ofrece el Comité Anti Sida de Ourense lleva sin cobrar su sueldo siete meses y la entidad sospecha que los recortes de subvenciones seguirán. «Nos últimos dous anos foron do 50%», recuerda Agustín González.

En estas circunstancias se hace «imposible» asumir ningún tipo de desembolso extra y en la reclamación se habla de un alquiler mensual superior a los quinientos euros, más varios meses de comunidad.

El acuerdo entre las partes no parece fácil. En el acto de conciliación celebrado ambos litigantes mantuvieron sus argumentos así que, si el proceso sigue adelante y acaba en un juicio, es complicado adivinar de qué lado caerá la razón, entre otras cosas porque todos los acuerdos que, según el Comité Anti Sida, habían convenido con los sucesivos obispos no quedaron registrados por escrito. González solo espera «que non se chegue a ese desahucio por impago porque este recurso do piso de acollida é moito máis que un teito, é una ferramenta de reinserción».

Sin interlocutor

Desde el Comité achacan la situación al vacío de poder que ha sufrido la Diócesis de Ourense desde la marcha de Luis Quinteiro, por la tardanza en nombrar nuevo obispo. En definitiva, a la falta de un interlocutor «porque cando o houbo, nunca tivemos problemas», recuerdan.

Contrato

Con José Diéguez Reboredo

El Comité reconoce que existe un contrato de alquiler firmado cuando José Diéguez Reboredo era obispo, hace diecisies años. En 1995, debido a las dificultades económicas de la entidad, accedió a que el uso fuese gratuito.

Condonación

Con Carlos Osoro

Con la llegada del nuevo obispo, el Comité volvió a negociar y acordaron que la entidad asumiese los gastos de la comunidad a cambio de seguir sin alquiler. Una condonación que cuando Osoro fue destinado a Astorga, en 2002, no dejó por escrito.

Arreglos e IBI

Con Luis Quinteiro Fiuza

Los responsables del Comité dicen que también encontraron receptividad en Quinteiro. Acordaron asumir algunas reformas en el piso, incluido el sistema eléctrico ya muy envejecido, y el pago del IBI a cambio de seguir usando el inmueble.

La deuda

Sin obispo

La demanda presentada reclama, según el Comité, el alquiler desde la marcha de Quinteiro Fiuza, a algo más de 500 euros al mes, más varios meses de la comunidad que, según la entidad asistencial, ha sido pagada.