La preocupante situación que vive Galicia empeora. Las medidas anunciadas ayer por el presidente de la Xunta, que entrarán en vigor esta medianoche, nos sitúan ante tres semanas definitivamente cruciales. Cruciales para intentar poner freno a la propagación del virus, puesto que la salud es el primer objetivo. Pero también lo son para poner en juego la capacidad de resistencia de la sociedad gallega y de su propia economía, cada vez más debilitadas. El escenario no puede ser más crítico. Porque en este tiempo nos jugamos el presente y nos jugamos el futuro.
El esfuerzo que se pide a todos los ciudadanos es muy alto. Significa la pérdida temporal de relevantes derechos civiles, desde la libertad de movimientos al de reunión, de trabajo o de actividad comercial. Si esto de por sí ya es excepcional, no lo es menos la pérdida en el ámbito privado, porque deja en el desamparo físico o emocional a muchas personas que necesitan de otras, tengan vínculos familiares o no.
Los políticos deben saber que lo que exigen a la sociedad tiene un precio altísimo, que no solo se mide en dinero, y que nunca será suficientemente resarcido. Pero los ciudadanos lo asumen porque, en su inmensa mayoría, son conscientes de que es necesario luchar contra la pandemia y preservar la salud. Los inconscientes no solo merecen la reprobación, sino también las sanciones que nadie impone. Ni se han visto controles en los límites municipales, ni se ha vigilado la aplicación del toque de queda, ni se ha actuado contra las fiestas y botellones clandestinos, como deberían haber hecho todos cuantos tienen competencias, desde los alcaldes con sus policías locales a la Delegación del Gobierno con la coordinación de las fuerzas de seguridad.
Y si ese es un incumplimiento de las autoridades, todavía hay más. Todos los trabajos que requieren relación con el público están siendo desahuciados. La hostelería, el comercio y los autónomos son los primeros en la larga lista de condenados a descapitalizarse y arruinarse. Y está sucediendo sin posibilidad de recuperación, porque las ayudas que les prometen son irrisorias y ni siquiera se materializan. Tanto es así que no hay un solo sector afectado que no se sienta abandonado. Y engañado.
No es el único engaño. La decepción que ha cundido entre los ciudadanos por la mala gestión de las vacunas requiere una rápida rectificación. No es posible entender que las personas de más riesgo -tanto por edad como por enfermedades previas- sigan sin saber cuándo las recibirán. Y tampoco que los propios sanitarios no sepan todavía cuándo podrán acceder a un remedio que es vital para ellos y para todos los que se relacionan con ellos, sea en urgencias, las consultas médicas o las plantas de hospital, desde cardiología a pediatría. La aceleración de las vacunas es urgente, y en ello va la credibilidad del sistema.
Y por si fuera poca decepción, los ciudadanos también tienen que soportar que algunas grandes empresas que fueron mimadas con el dinero público encuentren en esta situación una oportunidad para dar un cerrojazo al empleo y a la actividad industrial de Galicia. No es con cierres inapelables y con listas que suman miles de despedidos como se puede plantear una transición energética justa. Es, más bien, una traición a Galicia.
Por todo esto, la situación es crítica. La salud está en mayor riesgo que en la primera ola; la economía, sufriendo el peor desastre en décadas; las libertades públicas, temporalmente cercenadas. Y aún hay más: los ejecutivos autonómicos, confinados en una supuesta cogobernanza sin vacunas ni recursos; la capacidad industrial, desvaneciéndose; los líderes políticos, divididos y exclusivamente pendientes de sus votos. Con este panorama, Galicia necesita un verdadero esfuerzo. Es hora de que cada cual haga algo por salvarla.