La sentencia más importante de la democracia marca el fracaso histórico del procés, esa huida hacia adelante que solo podía conducir al desastre. El fallo del Tribunal Supremo, tras un juicio garantista en el que se respetaron escrupulosamente los derechos de los acusados, deja claro que en este país funciona el Estado de derecho, tan denigrado por independentistas y populistas. Como sucedió hace unos días con su impecable decisión sobre la exhumación de Franco. La caricatura que han difundido los Puigdemont, Torra y compañía de España como un país prácticamente bananero en el que no se respetan los derechos humanos y se reprime la libertad de expresión ha saltado por los aires. Los dirigentes secesionistas quebraron la ley a sabiendas, han sido juzgados en un proceso justo, y condenados de acuerdo al Código Penal vigente. Desafiaron al Estado y han perdido. En su camino al abismo han dejado una sociedad fracturada. El balance de su actuación es catastrófico. Ahora veremos cuál es la reacción del independentismo. Torra ya sabe a dónde conduciría su empecinamiento en volverlo a hacer, como amenazaron los encausados en el juicio y él mismo. Seguramente la condena actuará como disuasorio, pero otra cosa será la calle, donde los CDR harán de las suyas. El Gobierno tiene instrumentos legales para neutralizar cualquier nuevo intento de sedición o desobediencia punible. Cuenta con el apoyo de PP y Cs, que no de Podemos ni de Más País. Lo ideal sería que la situación se recondujera por la vía del diálogo. El problema es que los independentistas solo quieren la rendición del Estado, que permita un referendo que no cabe en la Constitución, y eso no es posible.