Como si fuese una película de Tarantino (Django Unchained), el recuerdo del dictador camina de nuevo los pagos de España. Quise titular así la columna, Franco desencadenado, pero me falto coraje para escribir ni siquiera su nombre. Fue un ser deplorable y su gobierno será recordado siempre como uno de los episodios más nefandos de la historia de España. Su dictadura no fue una, sino varias. Los primeros años se pareció al fascismo italiano y la represión brutal que ejerció sobre sus contrarios fue vil, cruel, durísima y dolorosa. Después quiso reconvertirse con el hálito del tradicionalismo y, finalmente, se vistió con galas tecnocráticas que en ningún momento ocultaron el cariz real de su régimen: una dictadura sin paliativos. Hay una historiografía reciente que pretende revisar el franquismo. Los historiadores de verdad, los que contrastan datos y aplican parámetros científicos en sus investigaciones, saben que esa revisión del franquismo es sencillamente humillante para la inteligencia. Su dictadura se parecía a todas, porque nos quitó la libertad, y no se parecía a ninguna. Tenía sus propios parámetros. Pocas dictaduras tan duraderas en la historia de la humanidad (su paralelismo cronológico se corresponde a dictaduras comunistas más que a dictaduras fascistas, curiosamente); pocas dictaduras que fuesen consecuencia de una guerra civil devastadora; pocas dictaduras, o ninguna, que pretendiesen construir en lo social e incluso en lo político una transición futura. Franco dejó a España hundida. Especialmente en los derechos de la gente. Nos robó la libertad. Ningún demócrata puede ni debe olvidarlo.
Franco estaba enterrado y olvidado. Cerrado bajo siete llaves hasta que, por mero interés político, han querido desenterrarlo. Lo han hecho por un puñado de votos, lo pensaba y lo sigo pensado. Lo he escrito, y vuelvo a ello. Y lo han hecho tan mal que no hay jurista al que consultes y no te diga que todo el proceso de desentierro ha sido un desatino, una improvisación extravagante, sin parangón en la historia jurídica de este país. Eso, en Madrid. En Galicia se actuó de un modo diferente. Fue la Xunta, desde la Consellería de Educación y Cultura, la primera institución que denunció administrativamente a la familia Franco para que cumpliese con sus deberes con el pazo de Meirás. Luego fue la Xunta la que organizó y estructuró una comisión formada por intelectuales de ámbitos diversos y presidida por un investigador de indiscutible y excelsa trayectoria, Xosé Manuel Núñez Seixas. Esa comisión puso en la mesa del Ejecutivo de Madrid una serie de conclusiones irrefutables. Ahora, desde el derecho y la justicia, se pondrá Meirás en su lugar, estoy seguro: lo devolverán al pueblo.
Así se hacen las cosas. Así y no como las hizo el Gobierno de Madrid con su desentierro. El camino, una vez más, lo marcó Galicia. Como gallego y como ciudadano solo puedo estar agradecido.