Ryanair anunció esta semana que se lleva a Santiago y a Oporto los vuelos a Vigo al negarle el alcalde más ayudas públicas. El enfrentamiento entre la compañía y Abel Caballero fue en aumento, quien deslizó que la aerolínea no se quería someter a un concurso público. Tres expertos opinan sobre este tipo de situaciones.
Lo peor, cuando se olvida la protección a los usuarios
En demasiadas ocasiones, la realidad nos muestra que las ayudas públicas que se utilizan para impulsar determinados sectores económicos terminan siendo una excusa o incluso un instrumento de chantaje que las empresas utilizan para dejar de cumplir sus obligaciones legales con los consumidores. Nadie duda de la importancia que tiene el tráfico aéreo para impulsar la conectividad entre territorios, tanto para sus propios habitantes como para recibir visitantes que generan actividad económica en zonas que, de otra manera, quedarían demasiado aisladas. Las autoridades, autonómicas y estatales, dentro de sus competencias, utilizan así una de las herramientas más directas que tienen a su alcance para favorecer esas conexiones: subvenciones y ayudas económicas que impulsan esas conexiones, a priori poco atractivas para las aerolíneas comerciales, para que generen ese beneficio adicional.
Sin embargo, muchos son los ejemplos recientes que nos muestran la laxitud de esas mismas autoridades en la aplicación de correctivos cuando las aerolíneas no cumplen con la legalidad. En Facua asistimos impotentes ante una realidad clamorosa. Las aerolíneas difícilmente son multadas por incumplimientos reiterados de la legislación de protección al consumidor autonómica, estatal e incluso europea: compensaciones por cancelaciones o retrasos injustificados, información adecuada a los consumidores afectados, no se respetan tarifas en los procesos online de compra, se cobran cargos adicionales por partidas que deberían estar incluidos en el precio final de compra, y un desagradable largo etcétera de abusos que muy a menudo quedan sin castigo por parte de las autoridades competentes, sean de consumo o responsables del tráfico aéreo (Ministerio de Fomento). Y el ínfimo número de sanciones que sí se imponen no trascienden públicamente, algo que podría ser una herramienta adicional para posteriores decisiones de compra.
Según datos del Tribunal de Cuentas Europeo publicados el pasado mes de noviembre, España es el país de la Unión Europea en el que los pasajeros aéreos presentan más reclamaciones. En el 2017 fueron 16.700 quejas y un 90 % de las mismas tuvieron que ver con compensaciones por retrasos y cancelaciones injustificadas. Un ejemplo muy claro se vivió el pasado verano con Ryanair: mientras el Gobierno de Reino Unido anunció en diciembre acciones legales contra la aerolínea por negarse a compensar a los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos provocadas por las huelgas de tripulantes de cabina, en España, pese a la denuncia de Facua por la vulneración de la normativa por el mismo caso, Fomento aún no ha tomado ninguna acción contra la aerolínea, incluso aunque ha reconocido, en el mismo sentido que la Autoridad de Avión Civil británica y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que una huelga no entra dentro de «circunstancias extraordinarias» y que por lo tanto le corresponde compensar a los afectados.
Subvenciones públicas para todos o para nadie
Los partidos de derechas promulgan, y defienden con pasión interesada, la desregulación de la economía, puesto que la intervención pública, aseguran, distorsiona el mercado. En cambio, son los partidos de derechas los que en tantas ocasiones promueven ayudas públicas arbitrarias y discriminatorias, con los aeropuertos gallegos como ejemplo paradigmático.
El Gobierno Feijoo, desde el 2009 y durante muchos años, introdujo una política de ayudas autonómicas a los aeropuertos de Santiago y A Coruña, en detrimento del aeropuerto de Vigo. Se llegó a la situación inadmisible de subvencionar la Xunta un vuelo nuevo desde Santiago a París, cuando Air France ya operaba ese destino en Vigo desde el 2004 y sin ninguna ayuda. Lógicamente la compañía francesa no pudo sostener esta competencia desleal y tuvo que abandonar su Vigo-París, mientras todos los gallegos seguimos gastando dinero público sin ninguna necesidad.
En este contexto, algunas aerolíneas de bajo coste actúan con oportunismo y exprimen el apoyo público sin pudor. Algunas empresas no son todo lo rigurosas que deberían en sus planteamientos y quieren imponer condiciones que ni los ayuntamientos, ni ninguna administración pública, pueden ni deben aceptar. La ciudad de Vigo y su aeropuerto están dispuestos a respaldar una política de ayudas cero a las compañías aéreas. Dejemos que el mercado actúe pero, eso sí, que actúe por igual en los tres aeropuertos gallegos. O todos, o ninguno: la intolerable discriminación de la Xunta de Galicia al aeropuerto de Vigo durante años no puede volver a producirse.
El otro gran reto que afronta Galicia es el impulso que está teniendo el aeropuerto de Oporto, que, por proximidad, compite básicamente con Vigo. La proliferación de líneas aéreas de bajo coste en la terminal lusa nos lleva a pensar que la política de subvenciones está siendo muy potente y distorsiona el mercado. Creemos que es el momento de que los organismos que velan por la libre competencia en Europa investiguen estas ayudas. En suma, el transporte aéreo es fundamental para el desarrollo socio-económico de su territorio pero, a la hora de la intervención pública, hay dos vectores irrenunciables: no dejar que compañías oportunistas vampiricen el dinero público y mantener una estricta neutralidad en las subvenciones públicas. El premio de unos no puede ser el castigo de otros.
Unha política aeroportuaria para Galicia
Un dos principais reclamos de Galicia é o seu rico patrimonio cultural e natural. Pero ninguén dubida de que o atractivo dun destino está condicionado, en boa medida, pola súa capacidade de conexión cos distintos mercados emisores. Por iso, a mobilidade é un obxectivo estratéxico no eido turístico para a Xunta. A nosa competitividade e o nivel de desenvolvemento que sexamos quen de acadar dependerán dunha conectividade interna, nacional e, sobre todo, internacional, que impulse a apertura de Galicia ao mundo.
A optimización dos sistemas ferroviarios e aeroportuarios é un dos grandes desafíos que presenta o Xacobeo 21, o grande acontecemento cultural e turístico que debe ser unha oportunidade para todos os galegos. De aí a necesidade de avanzar no fomento dunha mesa bilateral Xunta-Estado, que este mesmo mes reivindicamos nunha xuntanza en Madrid, onde cada Administración faga un uso responsable das súas competencias nesta materia. Queremos apostar por iniciativas que sexan sustentables e permanezan unha vez rematado o ano santo. Deixar unha Galicia mellor conectada é unha delas.
Naturalmente, esta é unha tarefa que esixe perseveranza, con resultados no medio prazo, e altura de miras, por riba de calquera interese localista. Neste sentido, a postura do Goberno galego en relación á política aeroportuaria é clara desde hai anos: as subvencións de rutas de aeroliñas privadas non deberían ter cabida. A mellora da competitividade dos nosos tres aeroportos debe ser independente das axudas da Administración pública.
Así o reiteramos no Comité de Coordinación Aeroportuaria, liderado pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, e onde invitamos aos concellos da Coruña, Vigo e Santiago de Compostela a deixar de lado o enfrontamento e apostar por unha coordinación efectiva que a Xunta se ofreceu a liderar, desde o convencemento de que sería beneficiosa para todos os galegos, e tamén para as súas cidades, destinos urbanos consolidados que precisan ampliar e diversificar os seus fluxos. A inminente chegada do AVE fai imprescindible afondar neste diálogo para que xere os efectos agardados.
Nos últimos anos, experimentamos o maior crecemento turístico da nosa historia no que se refire ao número total de viaxeiros, cun sobresaínte avance cualitativo que nos está a permitir consolidar un destino mellor situado. En concreto, a cifra de turistas internacionais progresou un 44 %, e pasou de 1,6 millóns en 2013 a 2,3 millóns en 2018. Isto foi posible a pesar de carecer dunha correcta coordinación da política aeroportuaria. Pactar os obxectivos e sumar os recursos permitiranos multiplicar os resultados dos tres aeroportos galegos.
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