Cumpliendo el decisivo papel de la prensa en democracia (informar puntual y verazmente a sus lectores) La Voz de Galicia publicó el 14 y 17 de octubre dos series de artículos donde economistas y fiscalistas independientes de reconocida competencia analizaban el pacto presupuestario del Gobierno con Podemos. Críticos todos, en mayor o menor grado, con las reformas fiscales acordadas, en un punto manifestaban plena coincidencia: en que los ingresos previstos son irreales y no podrán responder, ni de lejos, al proyectado gran crecimiento de los gastos.
Ese juicio se une al de los muchos expertos que consideran que, en una situación de clara ralentización del crecimiento, tales presupuestos, de aprobarse, influirán negativamente en el empleo y el consumo, lo que provocaría una caída de la recaudación fiscal (directa e indirecta) que solamente podría cubrirse con más deuda y empeorando, por tanto, el déficit previsto. En suma, un círculo vicioso que podría echar por tierra la recuperación que tantos sacrificios ha costado.
Pero, frente a cualquier argumento racional, se alza una suprema y única verdad: que quienes critican el acuerdo son unos señoritos que viven como reyes a quienes les importan un pito los humildes. Es lo que tiene el populismo (y el acuerdo Gobierno-Podemos es puro populismo): que divide el mundo entre los buenos y los malos. Los buenos son los populistas (que defienden a «la gente», nuevo concepto que arrasa lo que se le pone por delante) y los malos todos los demás.
Los presupuestos acordados por Sánchez con quien prometió un día que nunca pactaría (los entonces populistas de Podemos) serán un lastre para nuestra economía. Pero su aprobación exigirá, además, pagar un precio político sencillamente inasumible en democracia: entregar a dos partidos golpistas la llave de la legislatura. Golpistas sí: «Y, por cierto, menuda forma de golpe de Estado lo ocurrido en Cataluña, no el 1 de octubre, sino el 6 y 7 de septiembre». ¿Qué de quién es tan clara afirmación? Pues de Felipe González. El mismo Felipe González que entre 1982 y 1996 lideró un Gobierno socialista.
Para darse cuenta de en qué agujero negro se ha metido el Ejecutivo que preside Sánchez basta citar la última payasada del procés presupuestario: Iglesias (cuyos diputados en Cataluña han votado a favor de abolir la monarquía, rompiendo así una de las bases del consenso constitucional) se autoproclama emisario del Gobierno y anuncia que visitará al líder de ERC para arrancarle un sí a los presupuestos. ¿Una conferencia en la cumbre? No: ¡en la cárcel!, donde Junqueras espera un juicio en el que al parecer la fiscalía pedirá para él, entre otras, la pena de 20 años de prisión por rebelión.
En eso han convertido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la política española: en lo que, de no ser, como es, una tragedia, constituiría una comedia de enredo, una insuperable astracanada.