El sector industrial es fundamental para cualquier economía. Muy ligado a la innovación y a la internacionalización, es cada vez más sostenible medioambientalmente, creando empleo estable, de calidad, y muchos puestos indirectos. Sobre esa premisa, la UE se marcó a principios de esta década un ambicioso objetivo: alcanzar el 20 % del PIB procedente del sector industrial en el 2020. España, que durante la crisis llegó a estar por debajo del 15 %, se recupera, pero aún está lejos de esa cifra. Como Galicia.
Independientemente de años y porcentajes, la apuesta por la industria debe ser incuestionable. Para ello es necesario un gran esfuerzo colectivo, y consenso entre todos los agentes económicos, y es importante el papel de las administraciones. El Gobierno tiene un reto inmenso. No solo en cuanto a política industrial, sino también en la energía y el suministro eléctrico. Este debe responder a tres retos: disponibilidad, sostenibilidad y precio, y encontrar un equilibrio entre ellos. En plena transición energética, iniciada una gran descarbonización de nuestras fuentes energéticas, se debe diseñar un modelo estable y un precio lo más competitivo posible. Tarea nada fácil.
En el caso de la industria electrointensiva, como Alcoa, el precio de la electricidad, que alcanza hasta el 40 % de sus costes, es fundamental para su viabilidad. Cierto es que, esta vez, las causas que se esgrimen también son otras, relacionadas con las materias primas y los mercados, variables siempre globales.
Hoy los mercados cambian a velocidad de vértigo y las industrias afrontan los retos de la transformación digital y la llamada cuarta revolución industrial. Con enormes desafíos tecnológicos y de gestión de personas, se trata de un entorno en el que las industrias gallegas deben competir con productos innovadores que aporten valor añadido. Por ello es un acierto el esfuerzo que hacen las administraciones para transformar nuestro tejido empresarial hacia la industria 4.0. Pero también es necesario que se creen las condiciones óptimas para que Galicia sea un territorio atractivo para nuevas inversiones industriales y para que no cierren fábricas como la de Alcoa en A Coruña.