Araminta González fue detenida el 24 de julio del 2014, en un centro comercial de Caracas, por funcionarios del cuerpo de policía científica de Venezuela, CICPC. La encapucharon y la trasladaron a la sede del organismo. Fue envuelta en una colchoneta. La golpearon con tablas, cascos y patadas. La descalzaron y con un martillo fueron golpeando los dedos de sus pies. La desnudaron y le aplicaron descargas eléctricas en sus pechos. Varios funcionarios le tocaron sus genitales. Le arrancaron el cabello. Metieron su cabeza en bolsas plásticas, hasta que caía desmayada. Estuvo 24 días sin comer. Perdió 30 kilos de peso.
Alejandro Pérez Castilla fue detenido el 26 de julio del 2017 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en la ciudad de Valencia. Fue salvajemente golpeado por varios uniformados. Lo introdujeron en un vehículo blindado donde la paliza continuó. Le quemaron la espalda con un encendedor de cigarrillos. Le extendieron sus manos en el piso y, a continuación, los funcionarios saltaron con sus botas militares sobre sus dedos. Le pusieron un escudo encima y comenzaron a saltar sobre él, para lesionar su caja torácica. Un funcionario se arrodilló, extrajo su pene y lo frotó repetidamente contra el rostro de Pérez Castilla. Mientras, le gritaban que violarían a su hija. Al llegar al sitio de reclusión le frotaron el rostro y los lugares donde tenía heridas con polvo de bombas lacrimógenas. Una sargenta le mantenía los ojos abiertos para que el polvo alcanzara al globo ocular. Colgado a las bases de un aparato de aire acondicionado fue golpeado en las costillas durante una hora. Luego, esposado a un banco de metal, recibió descargas eléctricas en sus pantorrillas.
Las 65 páginas dedicadas a las prácticas de tortura deben de ser la más espeluznante recopilación sobre Venezuela publicada en los dos últimos siglos. Contiene centenares de casos semejantes a los dos aquí narrados. En su conjunto, el Informe de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa Humanidad, es un documento inequívoco: los testimonios no admiten dudas. Se ha asesinado, torturado, perseguido, ejecutado extrajudicialmente, detenido sin fundamento a centenares de personas, se ha empujado a cientos de miles de venezolanos a exilarse, se han anulado pasaportes, se han sometido a civiles a tribunales militares, se han cometido actos de violencia sexual en contra de centenares de detenidos.
En su página 361, el documento emite su conclusión: «en el Estado de Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad», con lo cual viene a decirse que, tarde o temprano, Maduro y sus secuaces serán juzgados por la Corte Penal Internacional.