La insistencia de la prensa en comentar estos días el cachete que una madre propinó a su hijo revela que se trata de un tema con trasfondo. Pero, en mi opinión, no se quiere entrar en el meollo del asunto, que es la disparatada judicialización de las relaciones familiares y académicas, propiciada por la Ley de Protección Jurídica del Menor y el decreto de derechos y deberes de los alumnos. Derecho y pedagogía son disciplinas necesarias, ambas; pero sus competencias no pueden coincidir. El derecho prevé la confrontación de intereses; la pedagogía presupone comunión de intereses.
Mediante la educación los adultos procuramos trasvasar a los niños lo mejor de nosotros mismos: sentimientos, valores, costumbres, a lo que luego los chiquillos aplicarán su propio filtro para adaptarlos a su momento. Dicho trasvase requiere comunión de intereses, una cierta complicidad. al contrario del derecho, que es impositivo, promulgado.
Es muy peligroso confundir la educación con el derecho, porque es muy diferente aprender a controlarse que aceptar que te controlen. Lo primero siempre es loable; lo segundo, no siempre.
Y las soluciones deben ser acordes con la naturaleza de los problemas. Dar soluciones judiciales a problemas pedagógicos es un disparate que origina infinidad de disparates.
Si una mamá da un cachete a su hijo, lo normal es que lo haga para corregirle, como sospecho que ocurrió en el caso comentado. El desahogo que pueda añadir es algo muy humano, pero nada educativo, porque enseñar a controlarse requiere saber controlarse. A un cachete le basta con ser un gesto, tan pletórico de significado que permita minimizar lo que tiene de agresión.
Pero lo que me parece totalmente fuera de lugar son la mayoría de comentarios que se han añadido al asunto y que suenan a adoctrinamiento. Como, por ejemplo, reprochar al chiquillo que estampara contra el suelo un móvil «que costó 800 euros que muchos currantes no ganan en un mes» en vez de recriminar ese mismo dispendio a quien se lo compró. O censurar la «actitud fría» del chiquillo ante el tribunal en vez de cuestionar una ley que propicia el que padres e hijos y educadores y educandos se denuncien a troche y moche, como si el derecho penal ya no fuera suficiente. O que le achaquen el «síndrome del emperador», dando empaque científico a tamaña charlotada, en vez de evitar que tales augurios estigmaticen a los críos.
Se ve que a no todos desagrada el que se multiplique cierto tipo de conflictos, que se han vuelto muy rentables por los intereses profesionales, económicos, políticos que suscitan. Como lo venimos comprobando con la propaganda y el márketing que le están aplicando al bullying.
Llevo muchos años preguntándome si la legislación sobre menores es la solución al desmadre o es la principal de sus causas.