Sobre el problema catalán, Rajoy ha dicho: «La respuesta será proporcionada». La frase deja lugar a dudas. ¿Proporcionada en relación a qué? ¿Será una respuesta proporcional al problema? ¿El supuesto derecho a decidir es proporcionado o desproporcionado? ¿Tiene Rajoy derecho a decidir? ¿Qué decisión tomará Rajoy? ¿Suspenderá Rajoy la autonomía de la Autonomía? ¿Meterá Rajoy en la cárcel a Puigdemont, a todos los consellers, a todos los alcaldes que faciliten locales para el referéndum, a todos los catalanes que voten? ¿Dará Rajoy la orden de invadir Cataluña, por tierra, mar y aire?
Llegados a un punto sin retorno, ya no se trata de discutir si el referéndum es legal o no. Es obvio que es ilegal. También es obvio que a quienes lo plantean les da igual, porque pretenden construir un Estado legal sobre los cimientos de una legalidad que consideran impuesta. Llegados a este punto, Rajoy no solo tiene el derecho a decidir qué hacer, sino que tiene el deber de decidir qué hacer e incluso la obligación de hacer. Y eso a Rajoy no se le da bien.
Unos le piden que aplique el artículo 155 de la Constitución, otros que aplique la Ley de Seguridad Nacional, que para esta situación, no para otras, aprobaron PP y PSOE hace un par de años. Tras meses amagando con el 155, ahora se atisba que la respuesta proporcionada es la aplicación de esa ley, copiada de la estadounidense y bautizada con un nombre cargado de reminiscencias autoritarias. Que nadie se alarme; no tiene por qué haber alarma social ante una respuesta proporcionada. Tranquiliza saber que la situación de interés para la seguridad nacional es una situación menos grave que la de estado de excepción y sitio. La aplicación del 155 supondría restregar la carta magna por la cara a los catalanes y pasar por un trámite parlamentario. Lo primero a Rajoy tal vez le apetezca; lo segundo no tanto. Quizás prefiera la respuesta de la Ley de Seguridad Nacional, que es más segura y proporcionada.
¿A quién corresponde la declaración de situación de interés para la seguridad nacional? Según la propia ley, a Rajoy. No obstante, Rajoy puede nombrar a una autoridad funcional con competencias para coordinar las actuaciones que procedan. Se lo estará pensando. Rajoy sabe que la ley ha de aplicarse con los medios ordinarios de las distintas administraciones, también la catalana, y que no puede acarrear la supresión de derechos fundamentales de los ciudadanos, también los de los catalanes. Se lo estará pensando. Mariano Rajoy sabe que puede declararla mediante real decreto, pero le conviene el consenso. Se lo estará pensando. Sus asesores le habrán recomendado que, mientras piensa, insista en advertir del ataque a la democracia y a la unidad de España. Si convence a la mayoría de que ambas son atacadas, puede aparecer después como el defensor de ambas, como el adalid del españolismo frente a la amenaza separatista. Ahora bien, no ha de aparecer como un Forrest Gump, un héroe por casualidad, sino como un hombre de Estado, que se ve obligado por las circunstancias a ampliar sus competencias para defender precisamente el Estado de derecho. No es lo mismo defender el Estado de derecho que el Estado de derechas. Es más fácil hacer observaciones desproporcionadas que dar respuestas proporcionadas, pero es que a mí, como a Borges: «El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados». Es más fácil apoyar, junto a Richard Gere, el derecho a decidir del Tíbet, que el derecho a decidir de Cataluña. Sobre el derecho a decidir de Rajoy… ¡Que decida Rajoy!