El presidente de Venezuela ha anunciado para el próximo día 30 la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Una decisión que viene a culminar otras que han sumido al país en una situación de profunda crisis social de la convivencia ciudadana, que ha fracturado al propio Estado y es motivo de preocupación internacional. La amplia victoria de la oposición en las últimas elecciones generales a la Asamblea Nacional ha sido reiteradamente boicoteada desde el poder constituido, utilizando la Constitución como un instrumento a su servicio. Se hizo para invalidar la elección de unos candidatos que hubieran ampliado la mayoría hasta los dos tercios, necesarios para la remoción de jueces del Tribunal Superior de Justicia, que actúa también como sala constitucional. La continuidad de los anteriores quedó así asegurada y las decisiones del poder, incluidos los encarcelamientos, quedaron formal o aparentemente amparadas, con el agravante de que, además, Venezuela se ha salido del ámbito de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. La oposición ha tenido que reaccionar, durante meses y meses, con manifestaciones continuadas de protesta en un ambiente caldeado por problemas de supervivencia, que ha reclamado el interés internacional y diversos intentos de mediación, cuyos magros resultados invalidaría la convocatoria del 30J.
Es cierto que, según la Constitución, el presidente puede ejercer la iniciativa; pero es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Asamblea Nacional Constituyente, que ha de manifestarla en un referendo en el que se pronunciará a favor o en contra; en caso afirmativo, aprobará las bases que han de regir la elección de sus integrantes, que se hará por sufragio libre, universal, directo y secreto. La distinción no es inocua, porque el presidente se arroga convocar directamente la asamblea, señalando como eventuales electores en el proceso constituyente a las comunas y a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, cuya cercanía al Gobierno es notoria. La maniobra ilegítima ha causado alarma social por la constancia de la batería de recursos del poder para hacer realidad sus pretensiones.
En ese contexto, la respuesta de la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, fue la celebración de una consulta ciudadana, sorteando las correspondientes dificultades logísticas que tuvo esa operación de urgencia. El resultado ha sido un abrumador rechazo a la Asamblea Constituyente por los más de siete millones de participantes. Una iniciativa peculiar que tiene como enganche jurídico: «El pueblo desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas». El paso siguiente ha sido el anuncio de un gobierno paralelo. Se ha llegado a una situación constitucional extrema, que podría titularse como: «dos Estados; uno dentro de otro». Para superarla resulta indispensable detener la convocatoria.