Después de años apelando a las emociones, a los sentimientos, a las tradiciones, al amor a la tierra, al derecho a decidir y al deseo de integrar a todos los catalanes, los secesionistas se quitan la careta. Llevan mucho tiempo diciéndonos que la suya es una revolución de las sonrisas y que frente a la fuerza de un Estado opresor solo opondrán la voluntad pacífica de independencia y autogobierno de un pueblo desarmado que resultará imparable. Pero la purga emprendida por Carles Puigdemont en los Mossos d’Esquadra demuestra que detrás de ese discurso de las emociones se esconde el intento de imponer sus ideas por la fuerza y atropellando la ley. Al ya exdirector de los Mossos, Albert Batlle, le ha bastado expresar lo único que cabe exigir a una fuerza policial, que defenderá siempre el imperio de la ley, para ser forzado a dimitir y relevado por otro que ponga la fidelidad a la causa separatista por encima del deber de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Alguien que purgue a cualquier mando policial que defienda la ley, el Estatuto y la Constitución. Como todo fascismo, el independentismo catalán sabe que antes de violar la ley e imponer su voluntad por la vía autoritaria es imprescindible hacerse con el control de la policía y garantizarse su fidelidad.
En enero de 1933, cuando Hindenburg, después de mucho tiempo de resistirse a ello, accedió a nombrar canciller a Adolf Hitler persuadido por el conservador Von Papen, que se mostraba seguro de poder controlarlo en un Gobierno de coalición, Hitler se mostró moderado y solo exigió dos carteras pese a liderar el partido más votado. Una era el Ministerio del Interior, que adjudicaría a Wilhelm Frick, y la otra un ministerio sin cartera para Hermann Goering, que implicaba el control del poderoso Ministerio del Interior en la región de Prusia, y por tanto de 160.000 policías. No le hacía falta nada más. Solo cuando tuvo garantizada la fidelidad total de todas las fuerzas de seguridad alemanas y el control de las siguientes elecciones, Hitler se lanzó a violar las leyes, perseguir y depurar a sus enemigos políticos y, en un clima de nacionalismo exacerbado, convocar unos nuevos comicios en los que, pese a obtener solo un 44 %, se haría con el poder absoluto. La clave no estuvo en convencer a todos los alemanes de las bondades del nacionalsocialismo. La clave, como sabe cualquier político con vocación autoritaria, estuvo en poner la policía al servicio de su causa.
Cuando en aquella grotesca comparecencia Pablo Iglesias ofreció al PSOE un Gobierno de coalición, no exigió para Podemos el Ministerio de Asuntos Sociales o el de Igualdad. Pidió, entre otros, el de Interior, el de Defensa y el control del CNI, demostrando así que él también conoce la historia y sabe que, cuando no hay votos suficientes, el cielo se toma por asalto.
Convertir la policía autonómica de Cataluña en un cuerpo armado al servicio de la ilegal causa separatista es un acto insensato que podría tener consecuencias gravísimas. El único responsable será un Puigdemont que ya solo huye hacia adelante.