Reconozco que cuando veo y escucho al presidente catalán, Carles Puigdemont, hilando disparates políticos y jurídicos sin cuento parapetado detrás de su frondoso flequillo de aprendiz de beatle, me resulta muy difícil tomarlo en serio. Y mucho más, sentir temor ante lo que pueda decir. Pero entiendo también que muchas de las barbaridades que se han perpetrado en la historia las han alentado líderes que, vistos a posteriori, resultan casi cómicos y hacen que nos preguntemos cómo fue posible que alguien los tomara en serio. Me ahorro dar nombres, pero sí, son esos en los que ustedes están pensando. Conviene por ello no confundir lo risible de un personaje con tomarse a broma lo que haga.
Toda España sabe que el 1 de octubre no se va a celebrar un referendo que vaya más allá de la mascarada del 9N y que Cataluña no se va a independizar. Los expertos en demoscopia saben que una cosa es preguntarle a la gente qué partido quiere que gane las elecciones, y otra muy distinta preguntarle quién cree que va a ganar. Para saber lo que ocurrirá, es mucho más útil atender a la segunda pregunta que a la primera. Del mismo modo, si se preguntara a los españoles si creen que Cataluña va a ser independiente dentro de unos meses, los que contestarían afirmativamente sumarían un porcentaje ridículamente pequeño, incluso en Cataluña.
El problema no es por tanto la independencia ni el referendo, sino el hecho de que Puigdemont y sus conmilitones secesionistas están traspasando todos los límites, alentando una peligrosa fractura civil cuyas consecuencias van mucho más allá de las nulas posibilidades de que Cataluña acabe separándose de España. Que un presidente de la Generalitat presuma de «dar miedo» a un Estado de derecho es impropio no ya de una democracia europea del siglo XXI, sino de cualquier país civilizado. Supeditar cualquier subvención pública a un medio de comunicación a que este haga propaganda de un referendo ilegal es una indecencia política. Destituir a un consejero de la Generalitat por reconocer lo obvio, que no habrá referendo, es una reacción más propia de un déspota que de un demócrata. Redactar una «norma suprema» que derogue en el futuro todas las leyes vigentes es una aberración. Y pretender llegar a la independencia por la vía asamblearia y revolucionaria, al más puro estilo chavista, es de una irresponsabilidad casi infantil.
Es cierto que, más que miedo, lo que provoca este tipo de planteamientos en un demócrata es vergüenza ajena, pero eso no resta un ápice de gravedad a los hechos. Ya sabemos que no habrá referendo ni independencia, pero las tropelías que se han cometido, se están cometiendo y se van a cometer en su nombre no deberían quedar impunes en ningún caso. Puigdemont es un cadáver político, pero dejar sin sanción los desmanes de quienes están pisoteando las leyes y la democracia, y darse por satisfechos por el hecho de que finalmente no se celebre el referendo, sería la mejor garantía de que otros, no solo en Cataluña, se animen a hacer lo mismo.