La actuación de la Xunta de Galicia en lo que se refiere a transporte público de viajeros es un continuo de inoperancias, excusándose en la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba su plan de modernización, plan que suponía un claro fraude de ley, pues se publicó meses después de la entrada en vigor del reglamento comunitario que preveía un nuevo marco regulatorio conocido desde el 2007.
La Xunta no dice que las asociaciones empresariales intentaron cauces de diálogo para solucionar el período transitorio hasta la aprobación del nuevo mapa concesional, sin encontrar respuesta positiva alguna.
Fruto de esa falta de diálogo es la huelga iniciada ayer, promovida por los sindicatos mayoritarios en Galicia, que ven peligrar muchos puestos de trabajo como consecuencia de la precipitada y parcial regulación del sector anunciada recientemente.
Frente a la alternativa expuesta por la Xunta de ligar concesiones deficitarias con contratos de transporte escolar, podrían utilizarse otras alternativas más eficientes y transparentes. Por ejemplo, unificar en una misma concesión servicios que actualmente se prestan en concesiones independientes, ligando servicios menos rentables con otros más rentables. O subvencionar a los operadores de concesiones deficitarias.
Se trata de desarrollar unos mecanismos más regulares y sistemáticos de financiación que mantengan la oferta de los servicios de transporte público, mejorar su calidad y hacerlos más asequibles para los ciudadanos.
Es en este campo en el que se puede empezar a jugar el futuro de la movilidad. En la medida en que no aceptemos que el transporte público gallego va a exigir más medios económicos que el de otras comunidades autónomas con poblaciones menos dispersas, cometeremos un error que condicionará negativamente el modelo de transporte.
Y esto no se puede resolver en agosto, cuando se adopte la decisión respecto a los nuevos servicios a adjudicar, sino que se habrá de abordar en los presupuestos de los próximos años.
Un transporte público de calidad se logra a través de incrementos presupuestarios y de políticas de discriminación positiva hacia el mismo y de internalización de los costes del transporte privado, evitando el círculo vicioso que genera una menor calidad del servicio, con disminución de pasajeros e ingresos.
En la consecución de ese objetivo, la implantación de un sistema tarifario zonal integrado, el empleo de títulos multimodales y su progresiva extensión a la totalidad de los modos de transporte que componen la red es un instrumento de probada eficacia.