En los últimos tiempos numerosas ciudades han comenzado a adoptar medidas para limitar el desarrollo turístico y hacer compatible la presión de los visitantes con la vida de los ciudadanos. Independientemente del acierto de algunas de ellas, parece claro que la intención de los responsables no es otra que acercar lo más posible a la normalidad a quienes habitan en lugares sometidos a una fuerte demanda turística. El ejemplo de Santiago, cuyo casco antiguo se ha convertido en un muestrario de camisetas, es un buen ejemplo del problema.
En los pequeños pueblos, menos preparados para absorber esa demanda, los efectos son todavía más graves, ya que la fuerte estacionalidad de los visitantes convierte lugares tranquilos y apacibles en una lucha fratricida por una plaza de aparcamiento o una mesa en una terraza. Pues bien, la cuestión no es si se trata de un modelo de turismo sostenible, sino si la sostenibilidad de los propios pueblos está amenazada. Trataré de explicarme.
Existe una tendencia, tan absurda como creciente, que pretende adaptar los servicios e infraestructuras de los pueblos a lo que ocurre durante uno o dos meses de verano, dejando de lado las necesidades de quienes viven allí. Se trata, en muchos casos, de construir grandes aparcamientos, urbanizaciones o infraestructuras utilizando la expropiación de terrenos de los vecinos, como lamentablemente hemos visto en algunos concellos del litoral gallego.
Piensen en un encantador pueblo costero que en invierno tenga 150 habitantes y que en verano presente picos de visitantes que multiplican la población por cinco o seis. La pregunta es si deberíamos multiplicar por ese número las plazas de aparcamiento o el número de bares y la respuesta es, obviamente, no. Por supuesto, no se trata de impedir que los visitantes acudan allá donde quieran, pero eso no implica que en un pequeño pueblo dispongan de los servicios que, dicho sea de paso, no siempre tienen allá donde habitan.
El encanto de los pueblos solo se mantendrá si se actúa con inteligencia preservando, además del patrimonio arquitectónico, sus usos y costumbres, y facilitando la vida de quienes allí viven; esa es la garantía de su conservación. Existen muchos ejemplos de pueblos extraordinarios que hoy son lugares a evitar, como también de actuaciones que tratan de racionalizar la demanda turística tales como aparcamientos disuasorios, sendas peatonales o limitación de determinadas licencias.
Galicia tiene en torno a trescientas mil viviendas vacías, en algunos municipios la tasa está en torno al 30 %; que yo sepa nadie se ha preocupado de los servicios o infraestructuras de sus potenciales residentes. Resulta paradójico que ahora la prioridad sean los servicios para quienes visitan los pueblos que han resistido al expolio urbanístico y no para sus vecinos: el camino directo a morir de éxito.