Primero el Gobierno da la patada a una poco colaboradora fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, para colocar en el cargo a un jurista mucho más dispuesto, José Manuel Maza. Este, a su vez, nombra al frente de la Fiscalía Anticorrupción al hombre deseado por los corruptos, Manuel Moix, y purga a fiscales díscolos. Ya está hecho el trabajo de control del Ministerio Fiscal. Luego se pone puente de plata al enemigo ambicioso que huye, el juez Eloy Velasco; y se mueven los hilos para nombrar presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la «querida Concha» (así la llamaba Cospedal), Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel y Bárcenas porque su cercanía al PP comprometía su imparcialidad. Ahora presidirá la sala que la recusó y que decidirá sobre esos y otros casos de corrupción muy sensibles. Por último, se asciende a Enrique López; no un López cualquiera sino el López que también fue apartado por ser afín al PP y que daba cursos en Faes, al que se sitúa en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y ya tenemos el cuadro completo de la recomposición fiscal y judicial que ha diseñado el Gobierno para hacer frente al tsunami de corrupción que afecta a su partido. Su respuesta ha sido copar los puestos clave del Poder Judicial. Y como ministro de Justicia, Rafael Catalá, el «Rafa» al que apelaban los corruptos en sus obscenas conversaciones. Para el futuro próximo, dos reformas muy peligrosas en cartera: cargarse la acusación popular y entregar la instrucción penal a un Ministerio Fiscal controlado por el Ejecutivo. Estos nombramientos y estas medidas deben ser a lo que se refiere Rajoy cuando sostiene que este Gobierno está luchando a tope contra la corrupción.