Turquía es miembro de la OTAN desde 1952. Durante más de seis décadas, EE.UU. y la UE han mantenido una relación privilegiada con el país, bastión defensivo en la compleja frontera de Oriente Próximo. Ello le granjeó ciertas concesiones, entre las que destacó no cuestionar su política sobre la minoría kurda, integrada por no menos de veinte millones de personas, e incluso respaldar la consideración del ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, como un grupo terrorista. Ello supuso que, pese a que el Gobierno de Ankara ha prohibido el uso de la lengua kurda, ha encarcelado, desterrado, ejecutado y provocado la muerte de decenas de miles de kurdos así como ha mantenido amplias áreas del Kurdistán bajo el estado de excepción durante décadas, la comunidad internacional nunca lo haya condenado.
Sin embargo, la deriva cada vez más islamista y radical del Gobierno turco de Erdogan, su manifiesta falta de voluntad en la erradicación del Estado Islámico y los evidentes éxitos de la coalición árabe kurda de las Fuerzas Democráticas Sirias en su lucha contra los terroristas islamistas en Siria y de los peshmergas en Irak han puesto de manifiesto que la identificación de los kurdos con el terrorismo es una falacia interesada de los turcos, quienes han intentado durante décadas silenciar sus reivindicaciones nacionalistas. A Erdogan le preocupa, y con razón, que el apoyo militar de los norteamericanos a los kurdos sirios acabe derivando en un respaldo decidido a los kurdos en Turquía, cuyo justo reconocimiento podría suponer una reconfiguración territorial de envergadura en la región y una merma considerable para su país.