La operación Lezo ha destapado una trama de corrupción de enormes proporciones, en la que están involucrados -presuntamente- un expresidente autonómico y un exministro, altos cargos, relevantes empresarios y periodistas de postín. Esto es grave y, aunque ya estamos curados de espantos, escandaloso. Pero de mayor gravedad para la democracia, y socialmente más alarmante, me parecen los intentos del Gobierno de ejercer presión sobre los jueces, maniatar a los magistrados díscolos y echar tierra en la ciénaga para tapar la podredumbre y favorecer la impunidad de los corruptos.
Los indicios comienzan a ser abrumadores. El magistrado Eloy Velasco, al ser preguntado si recibió presiones gubernamentales, buscó amparo en la Constitución de los Estados Unidos para no confesar: «¿Puedo acogerme a la Quinta Enmienda?». Posteriormente, tal vez conminado al orden por el «omnímodo» y «prepotente» poder ejecutivo -los entrecomillados son suyos-, negó tales presiones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, acompañó su «fuerte abrazo» a «Nacho» con expresión de sus mejores deseos: «Ojalá se cierren pronto los líos». Se refería, como entenderá cualquier hijo de vecino, a la situación política y al contumaz Pedro Sánchez. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, habló también con Ignacio González. Palabras de cortesía y agradecimiento, obviamente. El secretario de Estado de Seguridad se reunió con el hermano de Ignacio González. Hablaron, supongo, de fútbol y del tiempo. El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix -anti-anticorrupción, le llaman los malpensados-, trató de impedir una serie de registros del caso Lezo. Cumplía, sospecho, con su deber de proteger los derechos de los imputados.
«¡Montesquieu ha muerto!», sentenció en su día Alfonso Guerra. Si no murió entonces, alguien lo quiere eliminar ahora. La división de poderes, la independencia del poder judicial ante el Gobierno, no permite sellar la brecha que la corrupción ha abierto en la quilla del PP. No basta con politizar la Justicia y que los grandes partidos designen la cúpula del poder judicial y a los magistrados del Supremo. Ni que los fiscales obedezcan -salvo algunos rebeldes- las órdenes del fiscal general del Estado que nombra el Gobierno. Quedan demasiados jueces fuera de control, unos porque hacen gala de independencia, otros porque pertenecen a la cuota llamada eufemísticamente «progresista». Y a esto hay que ponerle remedio.
¿Cómo? El Gobierno lo tiene claro. Nunca ha ocultado sus dos intenciones. Primera, la de encomendar a los fiscales, en vez de a los jueces, la instrucción de los sumarios. Segunda, suprimir la acusación popular. Con tales reformas, la infanta Cristina no se hubiera sentado en el banquillo y los casos de corrupción se reducirían drásticamente. Solo afloraría la corrupción que no molestase al Gobierno de turno. Significaría un avance, pero yo les propongo una solución más radical: suprimamos los jueces, enterremos a Montesquieu de una vez por todas, y habrá paz.