Una propuesta fiscal revolucionaria

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

14 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El IRPF, las cotizaciones sociales y el IVA son las principales fuentes que nutren las arcas públicas. Pero los tres impuestos presentan serias contraindicaciones. El IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social castigan severamente el empleo: suponen entre ambos el 39,5 % de los costes laborales. El IVA, además de injusto y regresivo -paga lo mismo el pordiosero que el magnate-, contrae el consumo y, por ende, la producción. Visto así, nuestro sistema fiscal encierra una enorme paradoja: lo que nos da con una mano nos lo quita con la otra. Este delantero centro marca goles en ambas porterías, en la propia y en la del adversario. ¿Pero existe algún impuesto que, además de proporcionar recursos suficientes al Estado, sea inocuo y no aminore la actividad económica?

El abogado argentino Fernando Scornik Gerstein -hijastro del poeta gallego Lorenzo Varela- y el economista británico Fred Harrison creen que sí. En su obra La especulación inmobiliaria y el silencio de los corderos proponen un cambio revolucionario del sistema fiscal: gravar drásticamente, en vez del trabajo y el capital, la renta de la tierra. En la línea del impuesto único que proponía, a finales del siglo XIX, Henry George. En la dirección que apunta, ya en nuestro tiempo, Joseph Stiglitz, quien aboga por implantar una tasa próxima al 100 %. Scornik y Harrison echaron números para el caso de España. Una módica tasa media del 2 %, aplicada sobre el 80 % del valor de mercado del suelo urbano y rústico, permitiría recaudar 49.000 millones de euros. Y, en consecuencia, reducir casi en dos tercios el IRPF y un 6,5 % el IVA. Si la tasa fuese del 3 %, el Gobierno podría suprimir el IRPF sin merma alguna de ingresos públicos.

El cambio propuesto es radical. Perderían propietarios, rentistas y especuladores. Ganarían trabajadores y empresarios. Se diluirían las burbujas de ladrillo. El Estado rescataría parte de la renta de la tierra y demás recursos naturales -el espacio radioeléctrico, los yacimientos mineros, las aguas- que, por no ser producto del trabajo humano, pertenecen a la comunidad. El gran beneficiario sería, en suma, la economía, porque «los gravámenes sobre la renta del suelo son neutros respecto a la producción». Al empresario no le afectan en cuanto productor. Él ya tiene repercutida esa renta en sus costes, ya sea como alquiler del suelo o como propietario del espacio que ocupa.

En realidad, la tierra disponible no disminuye si la gravamos drásticamente ni su renta crea riqueza alguna. En palabras de David Ricardo, «no añade nada a los recursos de un país». La riqueza general no aumenta con las repetidas ventas de un inmueble a precios cada vez mayores. Lo que sí crece es la riqueza del terrateniente, en proporción inversa a salarios y beneficios empresariales. Que el precio de una vivienda -encarecimiento del suelo, ya que la construcción, como el automóvil, se deprecia desde el día en que la estrenamos- suba tres o cuatro veces más que los salarios solo indica lo que David Ricardo denominaba una «mera transferencia de valor».