Hoy pido permiso para bajarme de la alta política a la política de la calle. Y dentro de ella, a la política de alimentación y salud. Es que acaba de ocurrir algo insólito: una empresa comercial privada de gran superficie ha decidido retirar de sus estanterías productos con aceite de palma por perjudicial para la salud. Otras, también privadas y del sector del consumo, dejarán de utilizar ese aceite en sus marcas blancas. Esas empresas viven de lo que venden, pero han mostrado una preocupación cívica que no hemos visto en ninguna autoridad, como si la salud no fuese de su competencia. ¿Qué hace el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué no informa, no aclara, no dice algo ante el riesgo de que se produzca, como algún analista detecta ya, un fenómeno de histeria?
Y no pienso solo en el ministerio español. ¿Algún Gobierno europeo se ha preocupado de tomar alguna medida? ¿Algún Ministerio de Sanidad de la Unión ha tratado de tranquilizar a una sociedad temerosa de este aparente nuevo enemigo público? Digo aparente porque ya sabemos que, en cuestión de consumo y salud, los criterios cambian constantemente. Productos de alimentación que ayer eran magníficos hoy son peligrosísimos. Y al revés: productos ayer condenados por la ciencia son ahora recomendados como beneficiosos e incluso imprescindibles en una dieta cardiosaludable. La investigación va cambiando o anulando viejas convicciones.
La única organización que se pronunció ha sido la OMS con este dictamen: el aceite de palma contiene un 50 por ciento de ácidos grasos saturados. Lo tremendo es que ese aceite es utilizado en multitud de productos de bollería que se venden en las tiendas y, sobre todo, en las máquinas expendedoras, que son las más utilizadas en centros de trabajo y en colegios. Pero ¿quién lee su composición? Únicamente los fundamentalistas. ¿Y cuántos nutricionistas nos tienen aburridos de tanto insistir en los perjuicios de las grasas saturadas? Todos. Es lo primero que dicen en consulta o cuando les ponen un micrófono delante. Por lo tanto, si se hace la vista gorda, si no hay limitaciones en la fabricación, si no hay orientaciones de las autoridades, cabe la sospecha de que estamos siendo envenenados lentamente. Y con toda legalidad.
Señora ministra del ramo: díganos algo. El silencio de su departamento lo hace cómplice. Donde ustedes callan aparecen todo tipo de analfabetos sanitarios, alarmistas y demagogos que, por fuerza, tienen que estar perjudicando a la industria alimentaria y llenando de dudas y miedo al consumidor. Y sientan ustedes un poco de vergüenza de que sean empresas privadas las que tienen alguna iniciativa. Para eso no vale la pena gastar tanto dinero en el Ministerio de Sanidad.