El expresidente del Tribunal Constitucional se ha despedido instando a un diálogo urgente en Cataluña. Una declaración que se inserta en el ámbito de la política y vuelve a suscitar dudas sobre el funcionamiento de la institución. Llueve sobre mojado. No faltan muestras de la politización del tribunal. Su renovación ha sido un testimonio reciente. PP y PSOE no solo se pusieron de acuerdo sobre los nombramientos de los nuevos magistrados, sino que pactaron con descaro quién podía ser o no ser presidente, que es elegido en votación secreta por todos los miembros del tribunal. Si los partidos que se declaran constitucionalistas actúan de esa manera, qué respeto pueden exigir a la Constitución. Lo fundamental no es tanto de dónde procede la propuesta del nombramiento como la independencia que se tenga de ese origen. Nuestra historia ofrece indicios de sintonías regulares con el partido político patrocinador e incluso de la presión de este en asuntos de singular importancia cuando es gobierno. Ocurrió en el caso Rumasa, que quebrantó la fortaleza del muy prestigioso primer presidente al tener que decidir con su voto de calidad.
Existen variadas formas de hacer política desde el tribunal. El recién expresidente, elegido a propuesta del PP, al ser preguntado en una ocasión sobre el recurso interpuesto por ese mismo partido en relación con la ley de plazos en materia de aborto, contestó que no era oportuno abordarlo por estar en período de elecciones. Podría haber encontrado otra respuesta. La que dio hace dudar de la función jurisdiccional del tribunal, al condicionarla al contexto político. La sentencia quedó en modo espera. Dejar que pase el tiempo es otra manera de actuar políticamente. Lo hizo también una presidencia procedente del PSOE con la ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo o género. Fue declarada constitucional porque, reconociendo que no era ese matrimonio lo que habían aprobado los constituyentes, la sociedad había cambiado. Se aprobó por mayoría; al parecer, irreversible para el grupo recurrente. El tribunal ha hecho política, con mayorías progresistas y conservadoras, cuando no se ha limitado a declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de los preceptos, sino que ha sugerido cómo debería interpretarse o cómo debe hacerse lo que no se atreve a anular. Curiosa sería esa función para el árbitro de un partido de fútbol si no tuviera que limitarse a pitar la falta.
En relación con la cuestión catalana, la reforma de la ley del tribunal reconociéndole competencias para ejecutar sus sentencias, de las que no carecía, se pasó de contundencia. Tres magistrados se opusieron a que el Tribunal Constitucional pueda suspender en funciones a autoridades o empleados públicos, que también ha merecido reproche del Consejo de Europa. En palabras cuidadas de uno de ellos, se había abdicado «de la custodia de la Constitución ante implícitas urgencias de Estado». Mucha política para ser garante independiente de la Constitución.