El título de esta crónica no es mío. Lo tomo del artículo que publicó este domingo el excelente periodista catalán Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Decía así: «El Parlament pretende aprobar la ley de bases de la independencia catalana por el procedimiento de urgencia, maniatando a la oposición, que se quedaría sin derecho a enmienda. La ley del embudo». 48 horas después de publicado esto, la fechoría se ha culminado: la Mesa de dicho Parlament aprobó la reforma del Reglamento que agiliza la tramitación de leyes. Se constituirá una ponencia, su texto se aprobará en lectura única y en un solo día quedará todo listo para debatir también un día y en lectura única la ley de bases para la independencia. La oposición ya ha puesto su grito en el cielo, pero el rodillo culminará así su última locura para romper España.
¿Cómo llamamos técnicamente a este paso? Desde luego es ilegal. Por muchas argucias jurídicas que utilicen sus promotores, no puede ser legal que una mayoría absoluta apruebe algo de esta dimensión cuando para cambiar el Estatuto de Autonomía se requiere una mayoría de dos tercios. Y a continuación es dictatorial con apariencias democráticas. Es dictatorial hacer un vericueto para dejar sin voz a la oposición con la ficción de que se va a votar. Es dictatorial impedir que representantes legítimos de los ciudadanos, elegidos en las urnas, puedan expresar sus argumentos por inverosímiles motivos de urgencia. Es dictatorial imponer los criterios propios sin dar ninguna oportunidad a la discrepancia. Y es irresponsable llevar así a Cataluña a una actuación parlamentaria que ningún gobierno europeo podrá justificar. Estos independentistas de la urgencia juegan a dejar su soñada nación en la soledad internacional. Los catalanes ya saben a qué atenerse si algún día su país es soberano y gobernado por estos golpistas parlamentarios. Y los partidos que defienden la Constitución española también: quien hoy los margina, mañana los condenará al ostracismo.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana que pasa por ser el moderado de la exaltación independentista, ha dicho este fin de semana que nadie puede esperar que «la transición vaya a ser pacífica». Ha llegado el momento de que la sociedad catalana le empiece a preguntar qué entiende por transición no pacífica: si después del golpe parlamentario piensan agitar a las masas para la insurrección contra el Estado español; si piensan en algún tipo de sublevación contra los previsibles vetos del Tribunal Constitucional; o si, simplemente, quieren promover movilizaciones populares con el fantasma de la opresora España paseando sus tanques por la Diagonal. Cualquier cosa de esas se puede esperar.