El nombre de Iñaki Urdangarin es un nombre malhadado. Y malhadado por todo: por su trayectoria, por el daño que hizo a la institución de la que se quiso aprovechar; por el pésimo ejemplo dado a un país extraordinariamente sensibilizado ante la corrupción; por lo que hiere a una sociedad harta de escándalos; por la eclosión populista que su sentencia ha provocado; por la eclosión populista que su libertad sin fianza ha agrandado, y hasta por el gesto de satisfacción que, según algunos cronistas, se le vio a la salida de los juzgados de Palma.
Este cronista entendió su procesamiento y el de su esposa como una efectiva confirmación de que nadie se escapa al imperio de la ley, que no es lo mismo que ser iguales ante la ley. Entendió también que el Estado de derecho funciona al ver una sentencia bien fundamentada. Entendió que, si esa sentencia resultaba impopular, era porque bastantes líderes de opinión y una cantidad imprecisa de ciudadanos habían decidido condenar a la infanta y no aceptaban un fallo que los contradecía. Y entendió que, si no hay riesgo de fuga, no hay por qué meter en la cárcel a Urdangarin y a su socio Torres hasta que el Supremo dicte la sentencia definitiva.
Lo que entiende menos es que ambos personajes no tengan que depositar ninguna fianza para seguir en libertad. Y en el caso de Urdangarin, peor: puede seguir viviendo en Ginebra, no le retiran el pasaporte, no hay peligro de fuga porque tiene protección policial y le basta con presentarse una vez al mes a las autoridades judiciales de Suiza. Y como no lo entiendo, pregunté a expertos jurídicos cómo se explica. La respuesta es que esa es la norma: cuando se trata de libertad provisional en espera de la decisión final del Supremo y no existe riesgo de fuga, a ningún condenado se le exige fianza. Sigo sin entenderlo porque, si esa fuese la norma, el fiscal Horrach no habría pedido fianza de 200.000 euros para Urdangarin y 100.000 euros para Torres.
Y más allá de la explicación jurídica, Urdangarin es un asunto malhadado porque, cualquiera que fuese la decisión del tribunal, este pueblo justiciero quiere verlo en la cárcel y solo con eso se conforma. Entre los políticos populistas que inundan las redes sociales con sus mensajes de fácil calado, las comparaciones con otros condenados que también proliferan en las redes, la sociedad que quiere un escarmiento ejemplar y los que aprovechan el trance para deteriorar a la monarquía, se ha creado un clima de malestar que traerá consecuencias, y ninguna buena. Es lo que ocurre cuando se enfrentan la Justicia de los códigos, que es la oficial, y la justicia de los sentimientos, que es la popular. Y se han enfrentado, para desgracia de este país.