En el año 2012, el entonces presidente catalán, Artur Mas, entendió que la única forma de impedir que su pésima gestión política al frente de la Generalitat acabara con su carrera era echarse en brazos del independentismo más radical. Desde entonces, llevamos cinco años sufriendo la pesadilla diaria del procés, que no es otra cosa que el intento de los nacionalistas de obtener para Cataluña privilegios políticos y económicos respecto al resto de España con la amenaza constante de declarar unilateralmente la independencia. En todo ese procés, plagado de ilegalidades, deslealtades y vilezas de todo tipo, el Gobierno se ha mantenido firme en su rechazo al chantaje, cerrando la puerta no solo a una negociación que suponga la independencia o la celebración de un referendo, sino también a cualquier privilegio para Cataluña.
Durante este tiempo, las posiciones de unos y otros han sido claras. Órdagos y amenazas permanentes por parte del independentismo catalán, incluyendo la farsa del referendo del 2014, y apelación constante a la ley y al Estado de derecho por parte del Gobierno y de los partidos constitucionalistas. Muchos no estarán de acuerdo con esas posiciones inmovilistas, pero las cartas han estado siempre boca arriba, sin que se hurtara a los ciudadanos un debate de extraordinaria gravedad. En los últimos días, sin embargo, algo está cambiando. A peor. Ambas partes sienten vértigo ante las consecuencias que acarrearía el hecho de que la Generalitat llevara hasta el final su desafío de convocar un nuevo referendo independentista. Y de aquel choque político con luz y taquígrafos pasamos a un peligroso chalaneo a espaldas a los ciudadanos, a los que se les ocultan las claves de lo que está sucediendo. La claridad está dejando paso a la confusión más absoluta.
¿Qué insinúa Artur Mas cuando abre la puerta de pronto a un pacto alternativo a la independencia pero dice que quien debe presentar esa propuesta es «el Estado, y no el Gobierno»? ¿Por qué el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, dice que hay contactos secretos «a todos los niveles» con la Generalitat y que muchos de ellos no se hacen públicos «para que las cosas se puedan hablar con la serenidad que requieren»? ¿Por qué el líder del PP catalán, Xabier Albiol, desmiente al delegado del Ejecutivo y asegura que «el Gobierno no mantiene ni ha mantenido reuniones secretas» con la Generalitat? ¿Por qué el líder de ERC, Oriol Junqueras, desmiente a Artur Mas y asegura que el referendo «no es canjeable» por otra propuesta? ¿Por qué la Generalitat da por hecho que Rajoy tiene ya una propuesta alternativa y le urge a presentársela a Puigdemont en un inminente cara a cara? ¿Qué incluye esa supuesta oferta de 45 medidas concretas que Rajoy le va a presentar al Ejecutivo catalán?
El Gobierno y la Generalitat están en su perfecto derecho de reconducir la situación y negociar cualquier cosa que no atente contra la Constitución. Pero los ciudadanos tienen también derecho a saber qué es lo que se está negociando y a que no se les trate como menores de edad.