Uno de los mantras que se repiten tras la sentencia del caso Nóos es que la justicia es igual para todos. No es así y tampoco lo ha sido por lo que respecta a la infanta Cristina. En primer lugar, ha contado con un equipo de abogados de primer nivel, encabezado por uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, con lo que eso conlleva. Muchos ciudadanos se deben conformar con un letrado de oficio. En segundo, el fiscal Horrach ha actuado como un miembro más de la defensa. Algo sorprendente e insólito. En tercer lugar, la actuación de Hacienda, que no la acusó, ha sido decisiva y muy cuestionable. Por último, el juicio no era uno más, sino cuestión de Estado. No se trata de dudar de la integridad y competencia de las magistradas que la han absuelto, ni de negar que han actuado, según su entender, de acuerdo con los hechos probados. Son las mismas que decidieron no aplicar la doctrina Botín y sentarla en el banquillo. Sin embargo, hay que recordar que siempre hay un margen de discrecionalidad de los jueces en la aplicación de la ley y que las sentencias se acatan pero están sometidas a crítica. Hay juristas que sostienen que la infanta pudo perfectamente ser condenada como cooperadora necesaria de los delitos fiscales de su marido. Es tan democrático estar de acuerdo con la sentencia como cuestionarla sin ser por ello un peligroso antisistema que quiere socavar el Estado de Derecho y aplicar la venganza popular. Y algo muy importante: la ley está hecha para los robagallinas y no para los grandes defraudadores. Lo dijo el presidente del CGPJ y del Supremo, el conservador Carlos Lesmes. Los ejemplos son abrumadores y lacerantes. Como dijo Orwell, todos los animales son iguales pero algunos animales son más iguales que otros.