el año 2016 pasaron por los puertos españoles 509 millones de toneladas, el mejor registro de toda su historia. Casi el 40 % de estos tráficos fueron de tránsito, es decir, mercancías que se redistribuyen desde nuestros puertos a los de otros países. Los puertos españoles, en este papel de centros logísticos, han ganado cuota de mercado de manera importante al resto de puertos europeos. Y los estibadores y su profesionalidad y capacidad productiva, han sido una parte clave de este éxito.
Seguramente este éxito ha estado motivado por la paz social reinante en nuestros puertos desde el decreto de 1986. Decreto que fue consensuado con todo el sector. Desde luego, el motivo no han sido los salarios de hambre y las condiciones tercermundistas de trabajo, que nunca han existido en el mundo de la estiba. Este siempre se ha significado por el respeto de los derechos sindicales y unas condiciones dignas de trabajo para los estibadores.
Con este sistema, las empresas estibadoras han ganado miles de millones y las multinacionales más importantes del sector se han instalado en España. Pues hay que recordar que las terminales portuarias más modernas de España están en manos de grupos como Maersk, Hutchinson Ports Holding o J. P. Morgan.
Ahora el Gobierno, a través de un Real Decreto Ley sin consensuar, pretende acabar con este éxito y competir en el mercado mundial a través del despido de miles de trabajadores, usando dinero público para ello, y precarizando a los restantes. No nos parece que esto vaya a dar resultado, pues ningún empresario con cabeza pensante va a poner herramientas que valen millones en manos de trabajadores sin cualificar.
La excusa del Gobierno es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría cumplirse con la mera sustitución de la palabra deberá por podrá en un par de puntos del artículo 143.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011.
En relación a las amenazas de la imposición de multas de 134.000 euros al día por parte de la Unión Europea al Gobierno, en caso de que España no asumiese la sentencia, hay que indicar que este dinero supone el 0,024 % de la aportación de la industria portuaria al PIB español, según los propios datos oficiales. Hay que tener también en cuenta que esas posibles, que no seguras, multas sumarían 49 millones anuales. Un poco menos de las pérdidas económicas que conlleva, según los datos facilitados por la patronal, un único día de huelga en la estiba.
Todos estos datos son conocidos por el Gobierno y sus expertos. Por eso, si aún insisten en sus torticeros propósitos, la única explicación que cabe en pura lógica es que, por razones que ellos sabrán, el Gobierno está dispuesto a hundir los puertos españoles, quebrando la paz social que tantos beneficios ha traído a la maltrecha economía española.