No es suficiente con tener la razón; hay que argumentarla. Un principio que conocen bien todos los juristas y es fundamental en cualquier civilizada controversia. Es de aplicación a lo que viene siendo la arrastrada cuestión catalana, hoy un problema político de primer orden. Ha llegado al conocimiento público que en la Generalitat se tiene adelantada una serie de leyes para el momento en que se alcanzare la pretendida independencia o su desconexión, uno de tantos eufemismos que se imponen como una moda para encubrir la realidad en otros asuntos de no menor cuantía. Se trataría de que no hubiese ningún vacío después del favorable referendo, para lo que se ha fijado fecha y se amaga con adelantarla. No estamos ante una improvisación; detrás hay trabajo capitaneado por un reconocido jurista que fue vicepresidente en los comienzos del Tribunal Constitucional. A los ahora independentistas puede achacárseles deslealtad constitucional; pero no gandulería. En ese proceso han llevado la iniciativa poniendo el acento en lo que les conviene; por ejemplo, en el derecho del pueblo catalán a decidir. Con esa fórmula se consigue el apoyo de los Podemos catalanes, que buscan réditos electorales y en principio no se declaran independentistas.
La respuesta que se da desde el Gobierno, reiterada por la vicepresidenta, es el respeto de ley. Para hacerla cumplir no se requiere ningún plan; en eso tiene razón. Un argumento consistente, sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional alemán, que para los secesionistas llega tarde porque no quieren estar en el futuro al amparo de esa ley. Esta es la madre del cordero. En una separación, quien la plantea, aunque no tenga razón, no carece de argumentos y el tiempo que ha llevado a esa decisión no es irrelevante. La promesa de Zapatero y del PSC y la discutible sentencia del tribunal sobre el Estatuto aceleró la actual deriva secesionista. El problema se ha agravado durante la presidencia de Rajoy, parapetado en la defensa de la ley, y culminada paradójicamente en el pésimo manejo jurídico del simulacro de referendo del 9N del 2014, cuyas consecuencias están coleando con el proceso de Mas.
No hay ocasión para ninguna consulta. Hubiera sido posible y eficaz, sin vincularla a la soberanía, según el Tribunal Constitucional, si no se hubiese dejado que las cosas llegaran a donde se encuentran. Tampoco para una mínima reforma constitucional. La aplicación de la ley requiere que sea realizada con mesura y sin precipitación. No hay que descontar engaños que inciten a la embestida. En este momento los secesionistas son los legítimos representantes del pueblo catalán. Está por ver en qué termina el proceso de Mas y compañeros, víctimas a pesar del tres por ciento.