Las leyes viven una inaudita situación en Cataluña: de una parte están los ciudadanos, obligados a acatarlas y objeto, si no lo hacen, de la sanción correspondiente; de otro, los poderes autonómicos que, además de pisotear las leyes con insufrible chulería, acusan a quienes tratan legalmente de impedírselo de ¡atacar a Cataluña! Para entendernos: mientras los administrados pagan las multas de tráfico o las sanciones urbanísticas que les impone el Gobierno de la Generalitat aplicando la legislación del Parlamento catalán, uno y otro se consideran con pleno derecho a violar impunemente la Constitución y las leyes estatales.
Es esa estrafalaria convicción la que explica que las instituciones autonómicas lleven meses preparando un referendo ilegal y delictivo sobre la secesión de Cataluña con la misma tranquilidad con que actuarían si administrasen sus propias competencias. Tal espectáculo, concebible en una república bananera, resulta tan escandaloso en un moderno Estado de derecho que la falta de una efectiva respuesta estatal al desafío secesionista constituye ya, sin duda, un fuerte incentivo para la acción conspirativa a través de la que los independentistas planean, desde el poder autonómico, una sublevación en toda regla contra la unidad del Estado y la soberanía nacional.
Tanto el Gobierno como la gran mayoría parlamentaria que representan el PP, el PSOE y Ciudadanos parecen actuar convencidos de que la mejor política es la del laissez faire, laissez passer, con la esperanza de que, antes o después, los sublevados se achantarán ante la descomunal evidencia de la monstruosa ilegalidad de sus acciones. A medida que pasan las semanas, el creciente matonismo político de los independentistas demuestra, sin embargo, de un modo incontestable, que tal esperanza es no solo ingenua sino absolutamente irresponsable, pues no hace otra que posponer, en menoscabo de quienes defienden la Constitución, un choque que parece ya trágicamente inevitable.
Por eso ya no es suficiente con que la Vicepresidenta repita una y otra vez la evidencia de que el referendo es ilegal y que el presidente insista en aquello de lo que nadie tiene duda: que no permitirá la violación de la soberanía nacional. El paso de gigante al que avanza la sublevación secesionista exige que el Gobierno, su presidente y la amplísima mayoría constitucionalista de las Cortes (PP, PSOE y C’s) anuncien, con tanta firmeza como cerrada solidaridad, que el Estado democrático suspenderá, sobre la base de lo previsto en el artículo 155 de la Constitución, las competencias de todos los órganos autonómicos que participen en la preparación y convocatoria de un nuevo referendo, que venga a repetir el escándalo legal y la vergüenza democrática del que se celebró en 2014.
Hemos llegado a un punto en que las cosas se presentan en forma de una fatídica ecuación: cuanto más tarde en parársele los pies a los secesionistas mayor será el precio que hacerlo supondrá para nuestra convivencia en paz y en libertad.