Desde que Andalucía aprobó en el 2010 su famosa Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte (me gustaría comprobar la eficacia de su artículo 26, que garantiza a los enfermos terminales una habitación individual en los hospitales andaluces), otras seis comunidades autónomas aprobaron leyes casi calcadas (Aragón, Navarra, Canarias, Baleares, Galicia y País Vasco) y otras dos están en ello (Valencia y Madrid).
En esas estábamos cuando a Ciudadanos se le ocurrió presentar el 2 de diciembre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en idéntica línea, que se configuraría como norma estatal básica. Ganas de marear la perdiz y perder el tiempo. Todos esos textos legales, incluida esa proposición de ley, no hacen más que repetir cosas que ya están en leyes anteriores, aportando casi como única novedad un apartado de sanciones (que luego no se cumple, lo vimos en el caso Andrea).
El debate está en exclusiva en la cuestión de la eutanasia, como han venido a recordarnos los diputados del grupo Unidos Podemos, que presentaron el 18 de enero una proposición de ley orgánica sobre la eutanasia, con la que no estoy de acuerdo, pero reconozco que está bien formulada, y que no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque su aprobación requiere de mayoría absoluta. Lo dicho, ganas de perder el tiempo. O de conseguir la conversión por agotamiento, que también puede ser.