En el 2009, cuando lo peor de la tormenta financiera descargaba sobre Estados Unidos, el Congreso de ese país puso en marcha una comisión para investigar qué la había provocado. Por ella pasaron todo tipo de políticos, reguladores y expertos, para finalmente publicar un informe (The Financial Crisis Inquiry Report), que se ha convertido en texto de obligada lectura para los interesados en estos asuntos. Allí se concluía que el desastre no estaba escrito en las estrellas, sino que se debía a fallos de mecanismos e individuos muy concretos. Por ejemplo, la figura del antiguo gobernador de la Reserva Federal, Alan Greenspan, antes envuelta en un halo de supuesta infalibilidad, ya no volvió a ser vista de la misma manera.
¿Ha habido algo siquiera parecido por estos pagos? No, desde luego. Y eso que la crisis bancaria que se ha llevado por delante a la vieja pléyade de cajas de ahorros es uno de los golpes más duros que ha debido soportar la sociedad española en los últimos años. La semana pasada el Tribunal de Cuentas publicó un informe sobre el coste del rescate bancario hasta finales del 2015. Según sus datos, ya oficiales, la parte que recayó sobre las cuentas públicas fue de 41.786 millones de euros. De ese coste, ¿quién responde?
Porque el desastre fue consecuencia de una cadena de enormes errores empresariales, desde luego, pero también políticos. Desde el impulso de la explosión del crédito, asociado al desvarío inmobiliario, a la falta de supervisión, en tiempos en que la «regulación de toque ligero» era lo que se llevaba. Desde la confusión entre lo público y lo privado en la gestión de las entidades, a la adopción de decisiones improvisadas -y disparatadas- de saneamiento y fusión de entidades, al llegar los problemas. Luego, ya en la primera mitad del 2012, vino la pésima gestión del asunto Bankia, que ya venía de atrás, y estuvo a punto de provocar males mayores. Y a partir de ahí, se sucedió propiamente el rescate, que no fue solo del sistema financiero, sino del conjunto de la economía. Visto desde hoy, la reforma aplicada bajo el dictat de la troika trajo como resultado muy positivo la estabilización de las finanzas durante estos años, que era una precondición para reconstruir el crecimiento. Pero tuvo también algunos aspectos muy problemáticos que es obligado destacar: provocó un gran deterioro fiscal, disparando la deuda pública; reforzó notablemente el grado de oligopolio del sector bancario; y estableció tales urgencias sobre el rescate que algunas entidades -como, de un modo destacado, NCG- fueron vendidas a precios de saldo, agrandando el agujero de las cuentas públicas.
El propio Tribunal de Cuentas achaca al FROB notables fallos de gestión de las operaciones de rescate, que aumentaron absurdamente el coste de estas. El Banco de España, los sucesivos gobiernos, algún presidente autonómico, el FROB, la UE: ¿alguien responderá alguna vez? ¿Hay alguien ahí?