La Fiscalía del Tribunal Supremo tomó ayer una medida absolutamente obvia, como es solicitar una pena de nueve años de inhabilitación para el portavoz en el Congreso del Partido Demócrata Catalán (antigua CDC), Francesc Homs, por su evidente y reconocida participación en la organización y ejecución de la consulta independentista llevada a cabo en Cataluña en noviembre del 2014, que había sido expresamente prohibida por el Tribunal Constitucional. Algo que sitúa al exconsejero de Presidencia de la Generalitat al borde de sentarse en el banquillo por un delito de desobediencia grave y otro de prevaricación administrativa. La catarata de argumentos jurídicos en los que la fiscalía fundamenta su escrito de conclusiones provisionales y el hecho de que ni siquiera el acusado haya negado su participación en los hechos hacen inútil debatir sobre lo razonado de la petición.
La propuesta de la fiscalía no puede sorprender ni al propio Homs, que cuando fue citado a declarar ni siquiera negó las acusaciones. Aseguró que «volvería a hacerlo» y cargó contra jueces y fiscales afirmando que se está haciendo «política con los tribunales». Una actuación previsible, porque resulta coherente con el desprecio absoluto a las leyes y la Justicia y con el victimismo del que hace gala el independentismo catalán. Lo que sí sorprende, sin embargo, es que a los tontos útiles del soberanismo, entre los que se incluyen medios españoles supuestamente progresistas y partidos de ámbito nacional, les haya faltado tiempo tras la petición de la fiscalía para asegurar que todo este proceso demuestra la «judicialización de la política» por parte del Gobierno, equiparándola a la «politización de la justicia» por parte de la Generalitat cuando desprecia las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a sus intereses.
Admitir ese razonamiento, que pretende que el desafío independentista es un problema que solo debe afrontarse desde el punto de vista político, y no por la vía judicial, sería tanto como reconocer que la Generalitat y sus consejeros tienen patente de corso para saltarse las leyes cuando les dé la gana sin que ello tenga otra consecuencia que la de obligar al Estado a negociar con quien viola la Constitución para evitar que esos actos tengan consecuencias jurídicas.
El Gobierno haría muy mal en amedrentarse ante esa combinación del trágala independentista y la irresponsabilidad de los tontos útiles que, conscientes o no, le dan alas. Su obligación es defender la ley y hacer que sea igual para todos. Y si ello implica que dirigentes políticos sean inhabilitados, e incluso vayan a la cárcel, los únicos responsables serán los que cometen esas ilegalidades a sabiendas, pensando que ni el Gobierno se atreverá a denunciarlas, ni los tribunales a sancionarlas. El diálogo no solo es posible, sino necesario. Pero eso no puede implicar nunca la renuncia a la aplicación de la justicia. El día que eso ocurra, los que violan la ley habrán ganado definitivamente la batalla frente a la democracia.