Hace quince o veinte años, cuando empezaba a generalizarse en España la barbaridad que pronto dio en llamarse botellón, participé en un debate televisivo sobre el tema. Mostré entonces mi profunda preocupación por un fenómeno social que podía acabar convirtiéndose en un problema de salud pública de gran envergadura, pero no conseguí con ello otra cosa que quedar de antiguo y carca frente a quienes defendían el botellón como un elemento de modernidad, de rebelión juvenil contra el abusivo precio de las copas y, en última instancia, como la sana manifestación de una nueva forma de socialización de los chavales, que rompía con las acartonadas costumbres de sus padres.
De que mi posición era minoritaria, cuando menos entre los que tenían capacidad de decisión en el ámbito político, iba a quedar rotunda constancia en los años venideros. Lejos de tomar medidas eficaces contra la, insisto, bárbara costumbre de que cientos de miles de jóvenes se juntaran todos los fines de semana a beber alcohol en plena vía pública, nuestros queridos alcaldes, de derechas o de izquierdas, se dedicaron a esconder la cabeza debajo del ala como si el botellón fuera un invento de moralistas reaccionarios. Eso sí, en un gesto que adelantaba el rampante populismo que habría de acabar luego haciendo auténticos estragos, en cuanto los vecinos empezaron a protestar, crearon botellódromos para que los botellistas pudieron botellear sin cabrear a los votantes. ¡No fuera a ser!
Es cierto que el Gobierno intentó en el 2002 impulsar una ley antibotellón, idea que fue abandonando ante el verdadero torrente de críticas que el proyecto recibió. Y lo es, también, que algunas comunidades autónomas adoptaron normas destinadas a reducir el horario de venta de bebidas alcohólicas y a limitar su consumo en la vía pública. Pero, ante la mirada crecientemente atónita de padres, médicos y profesores, nada de eso impidió que el botellón se convirtiese en lo que es hoy: un gravísimo problema social y sanitario.
La Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) denunciaba estos días que en torno a medio millón de menores se emborrachan al mes en España, lo que da idea de la dimensión descomunal de un problema que ha ido creciendo, como un monstruo, hasta resultar difícilmente controlable. El eslogan de la propia FAD para combatirlo es el mejor imaginable: «El problema del consumo de alcohol por parte de menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo?».
Así ha sido exactamente. El alarmante consumo de alcohol entre los menores y, en general, entre los jóvenes -convertido ya en un hábito ampliamente extendido- es en grandísima medida la consecuencia de una pasividad social en la que se han combinado irresponsabilidad, estupidez y cobardía. Aunque ahora, como en tantas otras ocasiones, nadie se sienta responsable para nada del desastre.