En Cataluña hay un problema político importante. El Gobierno parece haberlo reconocido con la disposición al diálogo para abordarla. Ha sido un cambio notable como actitud general, y sorprendente en la que fue responsable del asunto. De no hacer nada, salvo acudir al Tribunal Constitucional, se pasa a estar dispuesto a estudiar las 46 reivindicaciones reiteradas por el Ejecutivo catalán, con la única excepción de un referendo del pueblo catalán sobre la posible independencia. La cuestión catalana tiene una historia larga, discutida y accidentada, a lo que han contribuido nacionalistas y no nacionalistas. Bastarán unos hechos que han servido de justificación o pretexto para la deriva separatista.
La reforma del Estatuto fue un punto de inflexión. No solo Zapatero; también el PSC manifestó respaldar lo que aprobase el Parlamento de Cataluña sin tener en cuenta que todo nacionalismo tiende a la independencia. Si puede elegir libremente, se ve dialécticamente forzado a reivindicarla, aunque de momento no le interesara. Así se comportó CiU con éxito durante años. No discutiré la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional por el PP; pero sí, como ha reconocido ahora la dialogante oficial, la recogida de firmas por su partido con aquella ocasión. No tenía una justificación jurídica, sino la política de buscar respaldo electoral en el resto de España. La sentencia del Tribunal Constitucional se produjo después de que el pueblo catalán aprobara en referendo el texto limado previamente por las Cortes Generales. El conflicto de legitimidades quedó servido. Se hubiera evitado si a iniciativa del Gobierno o del PP se hubiese planteado resucitar el recurso previo, suprimido con carácter general por los socialistas, antes de que fuese convocado el referendo. Para más inri, el Consejo de Estado lo recomendó con tiempo en su informe sobre posible reforma de la Constitución.
Identidad, dinero, legalidad y su defensa coexisten en este asunto complejo. Conviene distinguirlos con claridad. Lo identitario, por sí mismo, no justifica recibir más dinero del Estado, aunque se utilice para ese objetivo, ni se compra con él. Tampoco parece defendible abordarlo con el chalaneo de retirar recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, que deja la sospecha de que se utilizan como instrumentos políticos. Se precisa una mínima reforma de la Constitución que deje sin sentido los artículos del Estatuto relativos a los símbolos nacionales y su justificación histórica. No valdrá para los secesionistas; pero es debido desde lo aprobado en la Constitución, de la que se ha desviado la actual realidad autonómica.