Sin aclararnos el porqué, el Gobierno ha dado un giro radical en relación con el gravísimo desafío planteado por el secesionismo. Y, si hemos de fiarnos de las increíbles declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría a ese respecto, parece haberlo hecho con el furor de los conversos. Ese es el peligro, claro, de decir de pronto Diego donde antes se había dicho digo: que para dar credibilidad al cambalache hay que cargar las tintas hasta caer en el ridículo.
Constatado el cambio de posición del Gobierno en Cataluña y constatada la ausencia de cualquier explicación que permita entenderlo, solo caben dos hipótesis. Una buena: que Rajoy haya llegado a la conclusión de que los independentistas acabarán por arrugarse y, por eso, opta por no tensar la cuerda. Y una mala: que el que se ha arrugado es el Gobierno ante la perspectiva de su posición minoritaria, posición que le habría llevado a la disparatada conclusión de que, para asegurarse su futuro, no le queda otra que comprar la mercancía averiada que hasta ahora, con razón, había rechazado: toda esa sandez que se resume en la peregrina idea del choque de trenes, según la cual la responsabilidad de lo que hoy ocurre en Cataluña no sería del secesionismo sublevado, sino a partes iguales de los defensores de la ley y de quienes llevan muchos meses pasándosela por el arco del triunfo.
Aunque pensando en el bien de España me tranquilizaría que Rajoy dispusiera de datos desconocidos para el público que le permitan sostener con seguridad la certeza de la primera de las hipótesis citadas, mucho me temo que no es así y que la correcta es la segunda. De hecho, no hay más que ver la creciente intensidad de las provocaciones y bravatas de los independentistas para concluir que es la debilidad de la respuesta del Estado frente a ellas el principal combustible del que todas se alimentan.
Los diputados de la CUP delinquen rompiendo imágenes del jefe del Estado en el Parlamento catalán, los alcaldes secesionistas prevarican ordenando la apertura de las dependencias municipales el día de la Constitución, el presidente de la Generalitat impulsa por todo lo alto la preparación de una sublevación contra el Estado con su cumbre secesionista del día 23 de este mes. ¿Y qué hace el Gobierno?
El Gobierno proclama, ahora, que hay que negociar y prepara, al parecer, el premio que va a ofrecerle a los independentistas en pago por su radical deslealtad, su conspiración permanente para delinquir y su absoluto desprecio a la paz interna en Cataluña y a la concordia entre esa comunidad y el resto del país.
Rajoy juega con fuego. Pues cada paso atrás que, de su mano, da el Estado, es un paso adelante del secesionismo. Si sigue así, es posible que, cuando quiera reaccionar, sea ya demasiado tarde para hacerlo. Y, entonces, sí, se convertiría, por omisión, en corresponsable de un inmenso desastre que no se aleja por el demencial procedimiento de cerrar los ojos ante él.