Mientras andamos distraídos con sandeces como el vergonzoso espectáculo de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón -el nuevo dúo Pimpinela-, escribiéndose cartitas a través de los medios, o como el concurso organizado en el PSOE para encontrar el elogio más hiperbólico a Susana Díaz, en el que toma ventaja el presidente aragonés, Javier Lambán, que la ve «cubierta por el manto de los dioses del socialismo y la política», resulta que el Gobierno, sin que nadie preste atención, emite alarmantes señales en lo que afecta al desafío al orden constitucional de los independentistas catalanes. Una cosa es que Rajoy y los suyos hayan caído por fin en la cuenta de que no disponen de mayoría absoluta, y en que deben dialogar, y otra muy distinta que tengan que ponerse de rodillas por haber osado defender la Constitución durante los pasados cuatro años.
Ese giro radical implica, al parecer, una reinterpretación de la ley. Y así, mientras el pasado 12 de octubre el Gobierno llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Badalona por pretender abrir el Consistorio en el Día de la Fiesta Nacional como si fuera laborable, el 6 de diciembre el mismo Gobierno no veía «elementos de ilegalidad» en el hecho de que 350 ayuntamientos catalanes abrieran sus puertas el día de la Constitución, en contra de la ley. En la jerga independentista, asumida ya por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, eso es reducir la «conflictividad institucional». Y ese anhelo de no discutir llevará también al Ejecutivo a estudiar la retirada de los 29 recursos y conflictos que interpuso ante el Constitucional contra decisiones de la Generalitat contrarias a la ley.
El giro copernicano incluye también la autocrítica pública, a la manera maoísta. Y, por eso, Sáenz de Santamaría se arrepintió ayer de no haber ido en su día de la mano del PSOE en la reforma del Estatuto de Cataluña, aunque fuera precisamente el PSOE quien impulsara aquella reforma que el PP recurrió al Tribunal Constitucional, que acabó dándole en parte la razón. «Fue un error no trabajar previamente ambos partidos para buscar un acuerdo», señaló la vicepresidenta, olvidando que el socialista Zapatero se comprometió previamente con Pasqual Maragall, sin contar con el PP, a apoyar cualquier reforma que aprobara el Parlamento catalán, fuera la que fuera. Y de aquellos polvos, estos lodos.
Entre frases de supuesta firmeza, Sáenz de Santamaría llegó a colar ayer que, con excepción del referendo independentista, el documento con 46 exigencias al Gobierno presentado por la Generalitat -que incluye cosas tan alucinantes como el cese de «investigaciones judiciales» y de la «persecución por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña» contra los ayuntamientos que incumplen la Constitución- «forma parte de lo que un Gobierno puede hablar con una Administración autonómica». Pues yo no sé, señora vicepresidenta, si forma parte o no, aunque no debería. Pero tranquilos, sigamos atentos a los Pimpinela.