Me producen perplejidad las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, respecto a que hay que abrir un debate social sobre la custodia compartida. Parece no enterarse de que dicho debate social ya se abrió en nuestro país hace décadas. Lo dijo en el Congreso la semana pasada, refiriéndose a una de la leyes sociales que se prometen por parte del Gobierno para esta legislatura y lo que más me preocupa es que ni colorado se puso. La custodia compartida es una reivindicación de los padres no custodios conocida por toda la clase política desde la aprobación de la ley del Divorcio en el año 1981, a la que jamás se le ha prestado la suficiente atención. Nadie entiende que existiendo un artículo en la Constitución, concretamente el 14, que recoge que todos los españoles somos iguales ante la ley, solo existan cuatro comunidades autónomas - Cataluña, Navarra, País Vasco y Aragón- con normativa propia al respecto. En el resto los juzgadores van dictando sentencias concediendo la custodia compartida a golpe de fallos de un Tribunal Supremo partidario de la misma salvo en situaciones excepcionales, y amparándose en pequeños resquicios que el Código Civil les proporciona. Pocas cosas se me ocurren más crueles que separar a un padre de sus hijos, y limitar sus visitas a fines de semanas alternos, en determinados casos sin pernocta, por el hecho de que los progenitores de esos menores decidan poner fin a su relación. Es injusto para el padre para unos hijos que tienen que aprender a hacerse mayores sin semejante referente.