Por mucho que haya aún quien prefiere negarlo, es obvio que España tiene pendiente un asunto político de primera magnitud: su modelo de organización territorial. Son numerosos los problemas de índole política, social y económica que nos acucian -empleo, educación, vivienda, sanidad, pensiones, desigualdad- y no seré yo quien anteponga el uno a los otros. Sin embargo, llevamos lustros arrastrando este asunto que nos hace perder en debates poco útiles una enorme energía y nos distrae de la búsqueda de soluciones para esas otras cuestiones sustancialmente más importantes.
El Estado de las autonomías que surge de la transición es un modelo de descentralización sui generis, sin duda el mejor al que podía aspirarse en aquel momento histórico. Pesaban en el debate político de entonces condicionantes propios de la época que impidieron que fraguase un verdadero sistema de organización federal clásico, del que teníamos y tenemos buenos ejemplos en el mundo occidental. La realidad política muestra que el Estado de las autonomías, aun habiendo sido un éxito en muchos sentidos, es un modelo inacabado, pendiente de una revisión que permita zanjar, de una vez por todas, la aparentemente inacabable discusión sobre el encaje territorial de este mosaico que es España y las derivas soberanistas a las que ha dado lugar.
Los socialistas tenemos que liderar este proceso de revisión con un discurso claro, que no es otro que el de avanzar hacia una organización federal del Estado con las características esenciales que en el mundo occidental definen a ese tipo de sistemas.
Para llegar a la España federal solo hay un camino: el de una reforma constitucional basada en un amplio consenso. Pero podría ser que ese consenso y esa reforma no estén a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, ¿qué hacer? Lo primero es afirmar que los socialistas no nos definimos en materia territorial en función de las posturas de unos o de otros -sean nacionalistas o lo contrario- porque tenemos un proyecto propio, aunque debemos prestar oídos a quienes consideran que no lo hemos formulado con suficiente claridad y contundencia. No podemos aparecer como los comparsas de los nacionalismos, ni situarnos por sistema en contra, alineándonos con posiciones inmovilistas. Tenemos que rehuir la política de parches, sea en forma de antagonismo o de pactos de conveniencia, si nos aleja de nuestro objetivo federalista y actuar de forma estratégica, incluyendo acuerdos con nacionalistas si nos llevan en esa dirección.
Tenemos que ser capaces de explicar nuestras actuaciones en este ámbito en función de ese objetivo último y evitar que se perciban en la calle como consecuencia de una visión cortoplacista. Dar pábulo a veleidades secesionistas, incluyendo la organización de consultas soberanistas, está, evidentemente, en las antípodas del objetivo de una España federal, hacia el que, en cambio, se puede avanzar con la clarificación de competencias propias del nivel central y del autonómico, obrando en favor de cuotas más amplias de gobierno autonómico, por ejemplo en materia social, económica y fiscal, judicial o educativa, y defendiendo los vínculos esenciales que garantizan la unión del Estado así como la solidaridad territorial y ciudadana. Todo ello como preludio de una reforma constitucional que tiene que acabar por llegar, mejor más pronto que más tarde.