Cómo tener la mejor sanidad que podamos pagar («value for money», se dice en el mundo anglosajón) es un asunto complicado. Un gasto sanitario que puede ser ilimitado y poco predecible, la permanente necesidad de implementar nuevos avances, la inexistencia de un modelo sanitario canónico o una rentabilidad que debe ser ante todo social y no económica, son solo algunos aspectos espinosos a tener en cuenta.
El modelo sanitario español, una variante dentro del Estado de bienestar europeo, ha funcionado con un elevado grado de satisfacción de la población. La crisis económica, los recortes en el gasto sanitario y las malas decisiones han supuesto un deterioro significativo de nuestra sanidad.
La Administración ha respondido incrementando cada vez más la privatización de la prestación sanitaria. Con ello reconoce implícitamente su mala gestión y satisface los intereses de las empresas de servicios de salud. Circunstancias que a los ciudadanos se les ocultan o edulcoran en la medida de lo posible.
El panel de expertos de la Comisión Europea para una eficiente inversión en sanidad (EXPH), en su documento de 27 de febrero del 2014, subraya la falta de información existente para evaluar las formas de provisión sanitaria mixta público-privada frente a las convencionales públicas y, especialmente, lo infundado que resulta sostener que los hospitales privados-concertados sean más eficientes que los públicos. Las posibles ventajas iniciales de la privatización se pierden a largo plazo, siendo la asistencia finalmente más cara.
El comité de expertos europeos parece dirigirse expresamente a la Administración gallega cuando advierte que estos proyectos público-privados no surgen espontáneamente, sino que están ligados a decisiones políticas, en muchos casos mal diseñadas e improductivas.
La construcción de nuevos hospitales, solo puntualmente justificada, conlleva un enorme gasto (la construcción, la puesta en marcha y el despilfarro energético ligado a su sobredimensionamiento). Presumir del dislate es una medida populista que olvida las recomendaciones de la Comisión Europea, que aconsejan la renovación y la mejora de los deteriorados servicios que tenemos, aquejados de permanentes recortes. Nos alejamos de los países más ricos de nuestro entorno construyendo nuevas infraestructuras que somos incapaces de mantener adecuadamente y acometiendo planes sanitarios sin asegurarnos de poder implantarlos.
En síntesis, la gestión sanitaria es controlar el gasto con unos buenos resultados clínicos. La Administración se ha desentendido del último aspecto, haciéndolo recaer en exclusiva en la profesionalidad del personal sanitario, consecuente con que la calidad asistencial puede encarecer la prestación sanitaria.
Mantener nuestra sanidad requiere compromiso de los ciudadanos, consenso político y la implicación de los facultativos, hasta ahora desplazados de la gestión de las decisiones técnicas y hasta médicas. Solo así se pueden tomar medidas, incluso impopulares, hasta ahora evitadas por todos, para mejorar y controlar el despilfarro y el abuso sanitario.
El riesgo de destruir en pocos años un sistema público de salud que se ha tardado décadas en levantar impone una reflexión y la paralización -o al menos una moratoria- de su progresiva privatización. Informes asépticos, como el mencionado de la Comisión Europea, y la pretensión de desarrollarla sin la implicación del personal clínico lo justifican.