Es tan importante el papel de los jueces en el Estado de derecho que su estatus se rodea de garantías destinadas a asegurar que puedan desenvolver adecuadamente unas funciones que nuestra Constitución resume a la perfección bajo la fórmula de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos.
Con tal fin los jueces deben ser independientes, responsables e inamovibles y estar sujetos únicamente al imperio de la ley. La inamovilidad es una condición sine qua non de la independencia y esta y la responsabilidad, los dos pilares sobre los que reposa la sujeción al imperio de la ley. Junto a esos principios hay otro, en todo caso, no menos relevante: la imparcialidad de los jueces, consecuencia lógica de su independencia y forma de evitar que aquellos puedan incurrir en responsabilidad por su acción jurisdiccional.
Por eso, porque han de ser imparciales y porque, para serlo, han de parecerlo, se prohíbe constitucionalmente a los magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos. ¿Es coherente esa prohibición con el hecho de que los jueces puedan desarrollar cualquier actividad política sin más límite que dejar provisionalmente su carrera? ¿Es posible asegurar la apariencia de imparcialidad de un juez después de que haya participado de una forma tan militante en la política como para convertir aquella en increíble para quienes acuden a él en busca de justicia?
Mis dudas al respecto se han disparado tras la proclamación como candidato a la presidencia de la Xunta de un juez que, inevitablemente, ha entrado de hoz y coz en la lucha partidista, utilizando toda una serie de recursos que, típicos de la política (el insulto, la descalificación, la exageración, la demagogia), se compadecen muy mal con el imparcial ejercicio de la función jurisdiccional propia de quienes juzgan y hacen ejecutar lo juzgado.
Y es que una cosa es que un juez pase a la política para desempeñar en ella un alto cargo con gran dimensión profesional y otra, a mi juicio muy distinta, entrar en una brega política que literalmente arruina cualquier posibilidad de considerar imparcial al juez cuando retorna a sus funciones. Para decirlo más claro: una cosa es ser subsecretario y otra candidato a la presidencia de la Xunta.
¿Aceptarán sin más la futura imparcialidad de Luís Villares los gallegos que ven cómo aplaude a Beiras cuando este afirma que el PP es «una mafia que apesta»? ¿Lo harán tras ver las lindezas que le dedica al actual presidente de la Xunta (cobarde, escapista forestal, lura botando tinta negra, vendedor de preferentes, bacteria tóxica) o tras oírle hablar de la «miseria moral» de Feijoo por «deixar morrer á xente nas súas casas»?
Quizá haya quien considere todo ello tan normal, pero, como ciudadano y como jurista que lleva tres décadas largas ejerciendo su profesión, contemplar a quien fue juez y con toda probabilidad volverá a serlo decir las cosas que hoy dice Luís Villares, me escandaliza y me hace dudar seriamente de que la frontera que hemos fijado en España entre la justicia y la política sea la adecuada en un Estado de derecho digno de tal nombre.