Aunque no disponemos de una teoría general que clarifique de forma satisfactoria cómo ha podido surgir el sistema garantista de los derechos sobre la propiedad y el acuerdo social que descartó la violencia como medio legítimo de apropiación de recursos ajenos, se pueden esbozar, sin embargo, algunas condiciones que favorecerían tal acuerdo. Por ejemplo, si contemplásemos el robo como modo de apropiación de recursos pero los individuos consiguiesen menos riqueza de esta forma que con otro sistema en el que estuviese prohibido el robo, renunciarían a dicho sistema.
Imaginemos una sociedad compuesta por dos individuos, cada uno con una determinada riqueza -digamos, diez euros-. En cada período de su vida cada individuo puede intentar robar al otro y/o defenderse del intento de robo del otro. Efectuar un intento de robo conlleva un determinado coste (un euro, por ejemplo), tanto si la tentativa es fructífera, en cuyo caso permite apropiarse de la mitad de la riqueza de la víctima, como si no lo es. Por último, defenderse de un intento de robo del otro individuo también acarrea un coste (un euro, por ejemplo). En estas circunstancias es evidente que, al final del período en cuestión, la riqueza del individuo puede ascender a trece euros (si tiene éxito al robar y al abortar el intento de robo del vecino), ocho euros (si tiene éxito al robar pero fracasa al pretender evitar ser robado), ocho euros (si fracasa en su intento de robo pero tiene éxito a la hora de evitar que le roben) o tres euros (si fracasa tanto en su intento de robar como de impedir que le roben). Pues bien, aunque acabará sucediendo solo uno de estos posibles resultados, si suponemos que todos ellos son igual de probables, cada individuo debe esperar tener ocho euros al final del período, después de que todo haya pasado.
Este resultado no es, sin embargo, el mejor posible. Si ambos individuos se comprometiesen a erradicar el robo como medio de apropiación de recursos y respetasen escrupulosamente dicho plan, cada uno tendría diez euros al final del período (y de todos los períodos subsiguientes). Por lo tanto, crear un sistema de derechos de propiedad que prohíba el robo beneficia a los dos. Ahora bien, el problema es que, una vez alcanzado el compromiso, si un individuo lo cumple pero el otro no, la riqueza de este último será de catorce euros al no tener que incurrir en gastos de precaución y defensa. No cumplirá, pues, el acuerdo y tampoco lo hará el otro. En definitiva, si no se refuerza dicho acuerdo, será papel mojado y volveremos a la situación previa al mismo. ¿Cuál sería la forma de reforzarlo, más allá de las promesas y los apretones de manos de los individuos involucrados?
El agente idóneo para hacer creíble el compromiso podría ser el Estado. Ahora bien, como es necesario sufragar sus gastos de funcionamiento, la riqueza neta de cada individuo quedará en diez euros menos el impuesto que le corresponda pagar. Por lo tanto, todos aceptarán que el Estado actúe de gendarme siempre que el impuesto a pagar sea inferior a la suma del coste de intentar robar y de impedir ser robado en una sociedad sin Estado; si es superior a la suma de estos costes, preferirán que no haya Estado.
Si el análisis efectuado es correcto, el hecho de que algunos individuos prefieran más Estado y otros menos Estado podría sustentarse en dos circunstancias bien concretas. Una, los diferentes costes de robar y/o defenderse de los intentos de ser robado que pudiesen tener individuos distintos. Otra, los valores posibles de la riqueza final de los individuos y que pueden no ser igual de probables para todos ellos. Las diferencias ideológicas sobre la concepción del Estado traducen diferencias objetivas entre unos individuos y otros respecto a las dos circunstancias aludidas.