Y a cinco días de las elecciones, estalló. Todo es inverosímil y, por tanto, increíble: que alguien pueda grabar conversaciones en un despacho que se supone el centro de la seguridad nacional; que ese alguien conserve las grabaciones durante años y las suelte cinco días antes de las urnas, cuando las podía haber soltado el 15 de diciembre; que el jefe del Gobierno confiese que no sabe que existe una Oficina Antifraude en Cataluña; que Junqueras y Puigdemont califiquen el episodio como «un GAL mediático», como si Fernández Díaz fuese Amedo y ellos unos terroristas? Todo es extraño, intrigante, misterioso, más propio de un capítulo de novela negra que de la política de un Estado de Derecho.
Sin embargo, los hechos y el cuerpo del delito existen. Existen unas grabaciones donde el director de la Oficina Antifraude de Cataluña confiesa al ministro el contenido de sus investigaciones sobre supuestas corrupciones de escaso valor de independentistas catalanes; donde el ministro se interesa por esos detalles, como si se tratase de una acción conjunta sin pasar por los cauces de la UCO o de la UDEF; donde el señor Fernández Díaz informa a su interlocutor que el presidente del Gobierno conoce la reunión, y donde se percibe la complicidad del ministro y el alto cargo catalán al asegurar el ministro que Rajoy «es una tumba». Algo así como «puedes hablar, que no sale de aquí».
En defensa de Fernández Díaz se puede decir, como apunta Rajoy, que hablaron de asuntos de «su competencia». En efecto, es más propio del ministro del Interior hablar de corrupciones investigadas que de política de pesca. Supongo que conversaciones parecidas a las grabadas se producirán varias, incluso decenas, cada día. Pero esas charlas no resisten su transcripción a papel, como sabemos de experiencias anteriores. Y, desde luego, no resisten la presión de una campaña electoral donde todos los partidos andan a robarse votos con los procedimientos más descarados.
Entre unos factores y otros, se ha construido un escándalo político que no será un «GAL mediático», pero condiciona y enturbia la campaña electoral. Es posible que se trate de un problema inventado, como también dice el presidente, pero es un problema. Y grave, porque resucita viejos fantasmas de persecución política a través de la policía. ¿Cómo se sale de esta? Con luz y taquígrafos. Si, al decir del ministro, las grabaciones son sesgadas, él mismo debe completarlas y aclararlas. Si se grabó en un despacho ministerial, hay que investigar al autor, porque no sabemos en manos de quién están grandes interioridades del Estado. Y si todo es una fabulación, hay que demostrarlo. Pero esto último, lamentablemente, no se lo cree ni Mariano Rajoy.