Los portales de transparencia del Congreso y del Senado han dado a conocer el número de diputados y senadores que han renunciado a su sueldo porque ya no tienen nada que hacer. Para que conste en la historia de los sacrificios de nuestra honorable clase política, los datos son estos: hay 192 con todo el derecho a seguir cobrando, porque forman parte de las diputaciones permanentes de ambas cámaras. Del resto, han renunciado a la paga 26 diputados y 13 senadores, un total de 39. La inmensa mayoría solicitó que les sigan ingresando el sueldo, que técnicamente se conoce como «indemnización de transición». Traducido al idioma que entendemos todos, van a cobrar 53 días sin dar palo al agua. Como indemnización, no está mal: entre el 20 de diciembre y el 26 de junio pasarán 276 días, medio año. Les corresponde una indemnización de 106 días por año. Buen ejemplo para todos los despedidos de este país.
Cuando se hace eso es porque sus señorías tienen derecho a hacerlo. Pero ocurren varias cosas. Ocurre que, cuando se decidió disolver las Cámaras y llamar a las urnas, hubo consenso para hacerlo con el menor coste posible. Ocurre que los partidos no consiguieron ponerse de acuerdo sobre los gastos que podían recortar. Ocurre que los grupos parlamentarios cobraron las subvenciones que les corresponde por escaño. Y ocurre que ha quedado patente una distinta dimensión ética: la de quienes consideran que no está bien cobrar por un trabajo no efectuado, y la de quienes aplican el viejo principio de «ave que vuela, a la cazuela» y el ave que pasó volando por el Parlamento es la de sus salarios. Y ahí sí que no hay distinción de ideologías ni principios: entre los diputados y senadores que reclaman cobrar los hay de todos los partidos, incluido Podemos, que pregona una nueva política, pero con la excepción de sus retribuciones.
Es legal, insisto. Absolutamente legal. Pero déjenme rendir homenaje a la inmensa minoría de los 39 que supieron renunciar y déjenme lamentar el mal ejemplo de la inmensa mayoría restante. Estos señores no saben que el dinero que perciben es de todos los españoles, que precisamente estos días están tratando de justificar ante Hacienda hasta el último céntimo cobrado. Estos señores carecen de la sensibilidad mínima ante las necesidades, por ejemplo, de los cientos de miles de hogares en los que no entra un solo salario ni subsidio y han de vivir de la caridad de sus familias. Estos señores no merecen que se les vuelva a votar porque su último gesto parlamentario ha sido aprovecharse de una ventaja de grupo. Pero, ay, los volveremos a votar porque siguen siendo candidatos. Y, si hubiera que repetir elecciones, volverían a reclamar su indemnización.