El PP ganó las elecciones del pasado 20 de diciembre con 33 escaños de diferencia respecto al segundo. Y volverá a ganarlas el 26J con una distancia similar o incluso superior sobre su inmediato seguidor. Esa es una de las pocas cuestiones que a día de hoy están fuera de discusión en el laberinto político español. Pues bien, a pesar de esa doble victoria, la misma noche de las elecciones escucharemos la cantinela de que «los españoles han votado por el cambio». Y volverá a decirse que quien ha ganado las elecciones no es el PP, sino «las fuerzas del cambio», que son, claro está, todas las demás. Como la suma de los votos del resto de los partidos es mayor que la de los obtenidos por el que ha quedado primero y gobernaba hasta ahora, este ha perdido las elecciones y no tiene legitimidad para gobernar de nuevo. El único excluido de cualquier posible pacto debe ser por tanto el PP, y solo resta negociar quién encabeza el Gobierno del cambio.
Semejante imbecilidad, repetida hasta la saciedad incluso por personas a las que se les supone una mínima talla intelectual y política, implicaría que un Ejecutivo que gobierna con mayoría absoluta queda deslegitimado para seguir gobernando en cuanto la pierde, aunque gane de nuevo las elecciones. Algo que implicaría, por ejemplo, que Felipe González no habría ganado las generales de 1993 -y si me apuran hasta las de 1989, en las que se quedó a un escaño de la mayoría absoluta-, y que aquellos Gobiernos fueron ilegítimos porque los españoles habían apostado en realidad «por el cambio». Lo cierto es que el que vota al PSOE quiere que gobierne Pedro Sánchez, y no un partido llamado cambio. El que vota a Podemos o a Ciudadanos quiere que gobiernen Pablo Iglesias o Albert Rivera, y no míster cambio. Y ninguno de los tres se presenta en las listas de esa fantasmal Coalición por el Cambio, como ya se ha visto tras el 20D.
Hasta un niño de seis años comprende que unas elecciones a las que se presentan varios partidos las gana el que queda primero. En este caso, el PP. Otra cosa es que en un sistema parlamentario como el español gobierne el partido o los partidos que sumen mayoría en una votación para la investidura de un presidente del Gobierno. De modo que el PP ganará pero, como todos, tendrá que pactar si quiere gobernar. E incluso pactando será difícil que algún partido alcance la mayoría absoluta en la investidura y lo más probable es que tenga que conformarse con una mayoría simple. Eso implica que muy probablemente el 26J nos volveremos a acostar sin saber quién gobernará en España los próximos cuatro años. Y que a partir de esa noche se abre una negociación en la que nadie puede ser discriminado previamente. Que acabe siendo presidente un candidato que no ha ganado las elecciones es algo totalmente legítimo en democracia. Pero pretender excluir de antemano a quien gana los comicios con el argumento de que los españoles han votado «por el cambio», es, además de una memez, algo absolutamente antidemocrático.